El viernes la reforma laboral cumplió un año desde su publicación en el Diario Oficial. Ese hecho activó un período de seis meses (vacancia) que llevó recién a que el 1 de abril de este año la nueva ley entrara en vigencia íntegramente. Desde ese entonces, los ojos se tendieron a concentrar en la posibilidad de una mayor conflictividad en la relación de empleadores y trabajadores, la que aún no se hace presente.
Según cifras preliminares recogidas de los indicadores creados por el gobierno para darle seguimiento a los cambios, las huelgas aprobadas entre abril y julio de este año sumaron 243 frente a 304 de igual período del año pasado. Y los trabajadores involucrados pasaron de 38.495 meses a totalizar 31.037 en el último año.
Los números -que no son cien por ciento comparables porque cada ejercicio tiene su propia dinámica- también revelan que hay diferencias entre las huelgas aprobadas y las que realmente se efectuaron en la práctica, ya que solo en el período de la entrada en vigencia de la Ley 20.940 (abril-julio) se aprobaron 243 huelgas, aunque solo hubo 33 en la práctica. Mientras, en el mismo lapsus de tiempo de 2016, se efectuaron 83 de las 304 aprobadas.
Los datos oficiales también dan cuenta que en 2016 hubo 405 paralizaciones aprobadas entre enero y julio. Sin embargo, en el mismo período de este año, la cifra llegó a 346.
¿Más conflictividad?
Si bien el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, aclara que los datos son muy preliminates como para sacar conclusiones definitivas, enumera distintos factores que inciden en las cifras. Por ejemplo, cita negociaciones anticipadas en los meses previos a la entrada en vigencia de la reforma, como también el mayor número de instancias de diálogo que introduce la nueva ley, “lo que lleva -destaca- a conversaciones permanentes entre las partes”.
Lo que sí se puede descartar, resalta el personero, “es que se haya producido un alza explosiva de conflictividad, como auguraban quienes se oponían a esta reforma”.
El socio de BAZ/DLA Piper, Luis Parada, no cree que la nueva legislación haya tenido incidencia en menos movilizaciones. A su juicio, sería “aventurado” dar una respuesta que no tenga respaldo en una encuesta a todas las empresas y sindicatos que negociaron en esta época.
Comenta que, por ejemplo, sería importante revisar con la Dirección del Trabajo (DT) cuántas de las empresas que tenían derecho a negociar en este período, se encontraban en calificación de servicios mínimos, ya que esto impide el inicio de negociaciones mientras no se ha terminado dicho proceso.
Además, el abogado coincide con otros expertos que sostienen que la baja en las huelgas se debe al contexto de desaceleración: “Hemos notado que los sindicatos, con mayor o menor claridad, entienden la situación económica general del país, sin perjuicio que al mismo tiempo los sindicatos también están muy conscientes de su actual incremento de poder con los cambios en materia de negociación colectiva”.
Para el subsecretario esta mirada no tiene fundamento en los datos. “Desde inicios de los años 2000 que se aprecia un aumento paulatino en huelgas efectuadas (desde un promedio de 130 huelgas al año a alrededor de 200 al año). Esa línea ascendente se ha mantenido inalterada a pesar de que el país ha pasado por distintos momentos de aceleración y desaceleración económica”, argumenta.
Y refuerza que “más influyente han sido los cambios legales producidos”.
Díaz apoya su visión en la introducción de la mediación de la Dirección del Trabajo o las reformas de 2001, que “generaron una mayor actividad sindical”.
Para el socio de Puga Ortiz Abogados, Cristián Saieh, “el fenómeno de la desaceleración incide en la baja en las huelgas, pero no en forma exclusiva ni definitiva”.
De todas formas, los expertos sí prevén más conflictividad. “La interpretación de la ley respecto a la huelga ha sido proclive a robustecerla y esta es una herramienta que los sindicatos naturalmente aprovecharán”, dice Saieh.
Bajo la lógica de Parada, las huelgas deberían incrementarse con el avance de los meses. “Mientras más tiempo pasa se genera mayor experiencia por parte de los sindicatos, no solo desde la perspectiva de la aplicación de las normas sino que en cómo llevar adelante una negociación exitosa en un escenario de paralización efectiva”.
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