Tarea de los legisladores. Esa parece ser la única salida para solucionar el vacío legal que dejó el paso de la reforma laboral por el Tribunal Constitucional (TC) respecto de los grupos negociadores. Esto, luego que el lunes la Dirección del Trabajo (DT) contestara la consulta específica del abogado y profesor Héctor Humeres sobre esta materia, afirmando que como organismo no puede regular un procedimiento de negociación colectiva para los grupos negociadores, porque ello infringiría el principio de reserva legal establecido en la Constitución.
Y las reacciones frente al pronunciamiento más esperado por el mundo laboral no se hicieron esperar. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, señaló que era imposible que la DT -dada sus facultades- pudiera establecer un mecanismo de negociación. En esa línea, precisó que “el pronunciamiento es muy claro, se termina el debate respecto a si grupos negociadores van a poder negociar o no, porque queda señalado que ellos no cuentan con un mecanismo que permita que ejerzan este derecho”.
La dirigenta agregó que “ha sido suficientemente claro el pronunciamiento del Ejecutivo respecto de que aquí no va a haber una ley hecha a la medida de darle capacidad negociadora a los grupos y, por lo tanto, creo que en eso también se salvaguarda el espíritu con el cual fue construida la ley que fue vulnerada luego con el TC, pero que hoy se reafirma por la vía de garantizar que el mecanismo de negociación regulada sigue siendo solo para los sindicatos”.
La visión de la CPC
Mientras, a primera hora, el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también analizaba el tema, pero con un sabor amargo. Tras encabezar la instancia, el presidente de la multigremial, Alberto Salas, aseguró que lo que se estaba requiriendo era tener normas para saber cómo operarían los grupos y “esto no aclara nada y deja espacio para judicialización”. Pero fue más lejos y deslizó la demanda que persiste desde el sector empresarial y la oposición. “A lo mejor no es por esa vía (de la DT) que se puede arreglar, pero si no es por esa vía, seamos responsables todos y contribuyamos a crear espacios para llegar a acuerdo sobre una ley que pueda dirimir y dar certeza tanto a los trabajadores como a las empresas respecto a cómo van a hacer sus negociaciones”.
Consultado sobre la posibilidad de que este tema se instale en los Tribunales por no existir voluntad política para impulsar una ley corta, el dirigente indicó que eso se verá caso a caso una vez que comience a operar la nueva ley. “Si eso será materia de judicialización va a depender de los propios trabajadores y las empresas. Y, por lo tanto, esperamos que no, pero es un tema que está abierto”, admitió.
Melis: Vacío legal “no es responsabilidad nuestra”
Desde el gobierno, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, se limitó a comentar que “me ha parecido un dictamen serio, responsable y absolutamente ajustado a derecho”.
Mientras, el titular de la DT, Christian Melis, salió al paso de las críticas de algunos expertos, sosteniendo que “después de la acción del TC, se produce un vacío legal y eso no es responsabilidad nuestra”. “A nosotros nos toca interpretar la ley que hay”, remató.
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