Un aumento de la conflictividad laboral desde 2006 y una crisis de la institucionalidad laboral son algunas de las principales tendencias de largo alcance que detectó el informe del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH).
Según reveló la investigación, hubo 462 huelgas en 2016, un 20% más que en 2015 y el peak desde 1990. El alza se dio tanto en el sector público como privado, pero fue particularmente intenso en este último, donde subieron 26% a 197. Clave en este avance fue la multiplicación de las huelgas fuera del proceso de negociación colectiva reglada -definidas como “extra legales”-, las que pasaron de 85 a 133 desde 2015 a 2016, marcando un máximo histórico.
Por esto, a la hora de analizar los resultados 2016 sin la reforma laboral en vigencia, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, fue claro ayer: “Hay una insuficiencia regulatoria en el sector público”. La autoridad explicó que existe esta insuficiencia porque básicamente no hay legislación sobre negociación colectiva en el sector público ni mucho menos huelga.
En ese sentido, dijo que el problema, desde una perspectiva académica, “es que la complejidad de la regulación de la negociación colectiva en el sector público evidentemente hace que existan distintas posiciones transversalmente distribuidas entre los actores políticos y sindicales”.
Sin embargo, agregó que por eso “valoramos tanto el trabajo y los avances con la Mesa del Sector Público en diversos temas, lo que demuestra que el diálogo es posible en este sector también”.
Respecto al ámbito privado, aclaró que la reforma laboral que recientemente entró en vigencia atacó esa insuficiencia.
“El 2016 se ve que hay un porcentaje elevado de huelgas extra legales, lo que habla de una insuficiencia regulatoria. Lo que hace la reforma es evidentemente solucionar aquellas insuficiencias. ¿Cómo se hace? Por la vía de fomentar la sindicalización, la negociación colectiva, promover que las partes lleguen a mejores acuerdos y que una negociación sea beneficiosa para ambas partes, pero la insuficiencia es subsanada por la reforma”, explicó.
Consultado sobre la cifra del 6% nominal que solicitará la Mesa del Sector Público, Díaz se limitó a plantear que “comentaremos aquel tema cuando como gobierno comencemos a abordarlo”.
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