Un giro marcó Entel en el listado de al menos 32 reclamaciones que han llegado a la Corte de Apelaciones contra la resolución de calificación de empresas sin derecho a huelga –también denominadas estratégicas- que fue publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto.
El pasado 2 de noviembre, la empresa de telecomunicaciones acordó desistir de la acción judicial presentada en agosto en contra de la resolución de un mes antes que fue dictada por el ministro de Economía de entonces, Luis Felipe Céspedes; el ministro de Defensa, José Antonio Gómez; y la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.
Esto, luego que la firma llegara a un acuerdo con las organizaciones sindicales de la empresa por medio del cual se fijaron los servicios mínimos y equipos de emergencia en huelga, acuerdo que fue ratificado por la Dirección del Trabajo (DT) en octubre.
Entel fue una de las firmas que sorprendió al aparecer en el listado de 129 empresas que solicitaron ser declaradas sin derecho a huelga, así como las generadoras y firmas como Metrogas.
Sin embargo, su planteamiento fue rechazado por la autoridad competente, lo que motivó a la firma a ingresar un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones.
En dicho texto la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y Entel PCS Telecomunicaciones S.A. reclaman contra la resolución emitida, alegando que Entel y Entel PCS prestan sus servicios a un gran número de clientes de especial relevancia, ya sea de gobierno, de Fuerzas Armadas o empresas de gran importancia en el área de recursos naturales y de servicios.
“De un total de 23 Ministerios existentes en el país, 15 de ellos cuentan con servicios de telecomunicaciones prestados por Entel y Entel PCS (...) En consecuencia, un 65% de los ministerios del país cuentan con servicios de telecomunicaciones prestados por las compañías”, fue parte de los argumentos en ese momento.
Así, contrario a la falta de entendimiento que ha primado en otras organizaciones, en el caso de Entel se alcanzó un acuerdo con sus cuatro sindicatos de trabajadores. Según trascendió, lo convenido contempló un personal de servicios mínimos de cerca de 420 trabajadores, lo que representaría a alrededor del 9% de la dotación total de trabajadores.
Precisamente, de acuerdo al balance de los primeros seis meses que entregó el Ministerio del Trabajo el mes pasado, el 38,6% de las definiciones de servicios mínimos fueron por acuerdo directo entre las partes, lo que fue destacado en ese momento por las autoridades. En tanto, el 61,4% fue por solicitud al ente fiscalizador.
Consultado al respecto, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, declinó referirse a la situación, señalando que “los tribunales deben dirimir”.
Eso sí, sobre el acuerdo entre la empresa y sus organizaciones sindicales, la autoridad destacó “la capacidad de varias compañías grandes, que se desempeñan en áreas muy complejas, y que han sido capaces de llegar a un entendimiento en materia de servicios mínimos”.
Los seis meses de la reforma laboral bajo la lupa
Los seis meses de puesta en vigencia de la reforma laboral siguen bajo la lupa de los expertos. La tarde de hoy se realizará el seminario "Balance de la reforma laboral: A seis meses de su implementación", al que asistirán dirigentes sindicales, académicos, jueces y representantes de la Dirección del Trabajo (DT).
La actividad, que es organizada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AGAL) y la escuela sindical de la Universidad Alberto Hurtado, contempla una mesa sobre modificaciones a la negociación colectiva, la cual abordará temáticas como las novedades del mecanismo en la práctica, su desarrollo, cómo ha afectado al mundo sindical, qué acciones entorpecen el procedimiento de la misma -a cargo del académico José Luis Ugarte-, y la judicialización de las prácticas antisindicales bajo la vigencia de la reforma laboral.
En una segunda mesa sobre servicios mínimos y equipos de emergencia se tratará la jurisprudencia administrativa de la Inspección del Trabajo, en la que expondrá el jefe del Departamento Jurídico de la DT, José Francisco Castro. También se realizará un análisis crítico de los servicios mínimos y equipos de emergencia y su respectiva reclamación judicial.
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