Con cautela miran en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) los alcances de los nuevos perfeccionamientos que introducirá el gobierno al proyecto de reforma laboral y el rol que ha jugado el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en este proceso.
El sucesor de Alberto Arenas hace dos semanas hizo un rayado de cancha, descartando dos demandas sensibles de la CUT: la negociación por ramas y el piso mínimo con IPC, y confirmó la idea de hacer ajustes en servicios mínimos.
Previo a ese planteamiento y recién asumido en el cargo, sostuvo una reunión protocolar con la mesa de multisindical y comprometió una reunión de trabajo para analizar la agenda laboral. Hasta ahora dicho encuentro no se ha materializado.
Para el ex presidente y secretario general de la CUT, Arturo Martínez, los dichos de Valdés siguen generando ruido, especialmente en la fase final del despacho de la reforma desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, el dirigente confía en que la presidenta Michelle Bachelet es quien tiene la última palabra en cuanto a cambios se refiere.
"El ministro Valdés puede decir hartas cosas, pero al final la presidenta Bachelet es la que decide. Creo que nosotros tenemos que hacer posible que ella entienda de qué se trata lo que queremos, ella es razonable y va tener que entender las cosas, y por mucho que Valdés diga todo lo que diga, el 'queque' lo corta la presidenta. No quiero echarle la responsabilidad a ninguno de los ministros, la responsabilidad es del gobierno y en específico de la presidenta, con la cual conversamos cuando fue la segunda vuelta de la campaña presidencial", señaló.
Sobre la indicación a los servicios mínimos que presentará el gobierno, Martínez sostiene que estos "no deben existir", pero aclara que "si estoy de acuerdo en los servicios esenciales para empresas que tengan que ver con cosas como la salud, el medioambiente o el daño a la economía del país, pero así como ahora lo está planteando el gobierno, van a terminar disminuyendo el derecho a huelga y generando un conflicto artificial, que al final va a terminar en alguna acción de violencia".
Añade que "en las empresas donde hay más de un sindicato, no deberían tener servicios mínimos porque tienen otros trabajadores adentro que están prestando el servicio, entonces está mal planteando".
Sobre el piso mínimo, Martínez dice que "no creemos que las empresas tengan que tener la facilidad de responder al contrato colectivo sin siquiera el IPC, porque muchas empresas se van a tentar y la mayoría de las huelgas van a ser por el IPC. Si hoy se revisara por qué han sido las huelgas de LAN, de Scotiabank y otras, es porque los empleadores no dan el IPC. Si queremos soluciones para que haya menos conflictos laborales, tenemos que asegurar que haya un piso mínimo a los trabajadores, porque estos la mayoría de las veces van a la huelga por ese piso mínimos que nosotros queremos garantizar".
El dirigente también insiste en la necesidad de sacar los pactos de adaptabilidad y jornadas especiales de la negociación colectiva.
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