Un final inesperado tuvo la votación en la comisión unida de Hacienda y Trabajo respecto al salario mínimo, donde el diputado Pablo Lorenzini (DC) definió la aprobación de la idea de legislar la iniciativa.
Pero el voto favorable del presidente de la comisión de Hacienda no le salió barato al ministro del ramo, Felipe Larraín: el Ejecutivo se comprometió a presentar el lunes una nueva propuesta, día en que se retomará la discusión y en el que comenzará el análisis en particular del texto.
Lorenzini comenzó argumentando con la “desilusión” que sintieron sus pares porque en la comisión no se llegara a acuerdo, por lo que responsabilizó al Gobierno.
Y aunque en su intervención aseguró que no le iba a “dar el gusto” al ministro Larraín y a los titulares de Trabajo, Nicolás Monckeberg, y Segpres, Gonzalo Blumel, de que “vayan a la Sala (de la Cámara) a lesearnos”, finalmento votó a favor de la propuesta.
De esta manera, la idea de legislar fue aprobada por 14 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
Lo que está en juego
El gran “pero” para sacar adelante la iniciativa es adelantar el plazo en el que el salario mínimo alcanzará la barrera de los $ 300 mil, que en el mejor escenario macro planteado por Hacienda se logrará en enero de 2020.
Los parlamentarios opositores, especialmente de la falange, le solicitaron a la autoridad que dicho hito se cumpla este año.
El ministro Larraín comentó al concluir la votación que tiene la disposición de “considerar la discusión que hemos tenido, para ver algunos temas que se podrían mejorar en nuestro proyecto para el día lunes”.
En esa misma línea, el jefe de las cuentas públicas afirmó que “tenemos un espacio y esperamos usarlo”, agregando que “hubo un tema de consideración de la inflación, porque podría variar y nosotros tenemos un número para la inflación”
Sobre la cifra, afirmó que “todos querríamos alcanzar un número específico, que está en la mente, que es $ 300 mil. Eso es algo que indudablemente está en las conversaciones, pero lo tenemos que hacer de forma responsable”.
“En el proyecto del gobierno eso se supera a fines de año, pero hay otras propuestas que quieren hacerlo antes y eso es lo que queremos mirar porque debemos hacer un ejercicio responsable”, recalcó el secretario de Estado.
¿Y la plurianualidad?
Otro tema de debate es el carácter plurianual del reajuste. La cartera propone que la negociación vigente abarque no solo 2018 sino los cuatro años de gobierno. Larraín comentó que la plurianualidad “es algo que sin duda está en nuestra propuesta”, aunque añadió que “lo que está más en discusión es más bien el guarismo”.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, criticó que además “el gobierno ha hecho un compromiso de presentar una nueva propuesta, pero hasta ahora, los parlamentarios no cuentan con una concreta sobre la cual poder pronunciarse”.
Pago a 30 días: queda listo para discusión en particular
Tras el análisis de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo la semana pasada, el proyecto que busca reducir el plazo de pago a las pequeñas y medianas empresas a 30 días, quedó listo para ser discutido en particular por la Sala de la Cámara de Diputados la próxima semana.
Esto, tras lograr la aprobación en la Comisión de Economía a todas las indicaciones que el Gobierno envió tras reunirse con distintos gremios de las pymes y el mundo empresarial.
Entre ellas destacan la reducción del plazo otorgado al Servicios de Impuestos Internos (SII) para que emita un informe sobre cómo implementar la prohibición del IVA Crédito hasta el pago de la factura, así como la rebaja al plazo en el que la ley será implementada en su totalidad, dejando como obligatorio el pago en 30 días.
En esto, la intención del gobierno de llegar al plazo en un periodo de 3 años, pasando primero de 60 a 45 días, y luego a los 30 días, finalmente quedó en que el tiempo para ajustar la cancelación de las facturas será de 2 años, sin considerar gradualidad.
Dicha indicación fue presentada por iniciativa del Ejecutivo pero fue presentada por la comisión con acuerdo de las partes.
La iniciativa surgió de una moción parlamentaria presentada en el Senado el año 2016, y en junio de este año el gobierno ingresó indicaciones sustitutivas para reimpulsar el proyecto. Con todo, su tramitación no ha estado exenta de polémicas, como las críticas del sector gremial que logró rebajar de 60 a 30 días el plazo.
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