La entrada en vigencia de la reforma laboral forzó a poner el pie en el acelerador a las conversaciones entre el gobierno y los funcionarios de la Dirección del Trabajo (DT), logrando un acuerdo para materializar una nueva ley de plantas y de modernización para el ente fiscalizador.
Dichos contenidos fueron concordados en un protocolo que consignaba un paso clave: la elaboración y posterior ingreso del proyecto al Congreso en las cuatro a seis semanas subsiguientes.
Y este plazo se cumplirá finalmente la próxima semana, por lo que los trabajadores están expectantes a las señales y primeros borradores que puedan emanar en los próximos días, luego que se enviara el proyecto de pensiones que permitió despejar -de alguna forma- las prioridades ministeriales que estaban concentradas en ese debate. Así, todo apunta a que el texto se despacharía a trámite la próxima semana o la subsiguiente.
Este proyecto no solo marcaría un hito, sino que también ha sido materia de cuidado para las autoridades, ya que -según trascendió- los funcionarios habrían rayado la cancha que, de no ser escuchados, dejarían en evidencia los problemas que enfrentan en la puesta en marcha de la reforma laboral.
En específico, el articulado apunta a garantizar un sistema de carrera funcionaria e involucra un mejoramiento en las remuneraciones, entre otras materias.
“Básicamente, lo que nos interesa fortalecer es la carrera en la DT, la profesionalización, la modernización de esta institución y estamos muy orgullosos de que nuestros funcionarios así lo entendieron”, comentó el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, a DF hace unas semanas.
“Esto dejó de ser una simple negociación reivindicativa y pasó a ser una conversación muy profesional y madura de todos los actores sobre cómo modernizamos y fortalecemos esta institución que es tan importante para los trabajadores”, agregó.
Si bien la reforma no tendría urgencia, el texto será tratado como una prioridad en el cierre del actual período legislativo, tal como fue conversado con los funcionarios. Esto iría en la línea de lo mandatado por la Presidenta Bachelet quien en su última Cuenta Pública mencionó el articulado como una de las prioridades en su último año de gobierno.
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