Ayer la cara del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo decía todo: el gobierno tendrá que renunciar a la posibilidad de aprobar un reajuste de salario mínimo plurianual de cuatro años si quiere que su propuesta logre el respaldo del Congreso.
Y es que el complejo escenario de tramitación de la propuesta que contempla -inicialmente- un incremento de $ 7.500 de este tipo de remuneraciones, y posteriormente otras alzas de entre 3,5% y 4,5% nominal anual dependiendo del crecimiento económico, quedó en evidencia en la primera sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y Trabajo que se realizó en Valparaíso.
Tras la presentación de Larraín, en la cual recalcó que la propuesta del Ejecutivo es responsable, el proyecto fue duramente criticado por varios parlamentarios, los que descartaron de plano la idea de aprobar un proyecto que contempla un modelo plurianual de alzas consecutivas por cuatro años.
El problema, es que esa negativa también la ratificó un parlamentario del oficialismo. El diputado UDI, Patricio Melero, invitó a Larraín a revisar la propuesta si busca tener los votos de la oposición.
“Creo sr. ministro que la oposición no le va a dar los votos para la plurianualidad, no se los va a dar. No quieren eso, quieren debate año a año y mantener la capacidad de presión. Por consiguiente, yo le pido al gobierno que también revise sus cifras y busquemos un nuevo acuerdo en base a un acuerdo anual, porque esas son las condiciones que la oposición quiere poner y tienen mayoría”, dijo Melero, consiguiendo el aplauso de varios de los presentes.
El ministro no se tomó bien las críticas, y una vez finalizada la cita abandonó la comisión señalando que “cada uno puede pedir lo que quiera, estamos en una sociedad libre”.
Nueva oferta
Al interior de la oposición se cuestionó algunos de los datos que entregó durante su presentación el ministro Larraín, entre ellos la incorporación de “otros ingresos” que pueden recibir personas con salario mínimo, como gratificaciones, bonos, subsidios, pago de asignación familiar, entre otros.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que “solo el 2,1% de las empresas paga gratificación (...) en ese sentido nos parece cuestionable incorporar como base para medir el ingreso y el salario los $ 69.000 de gratificación. Nosotros le expresamos al gobierno nuestro reparo respecto a incorporar otros mecanismos como los subsidios, bonificaciones, porque eso requiere un nivel de precisión muy fino”.
El diputado de RD, Giorgio Jackson, agregó que “la presentación que nos hace el Ejecutivo trata de desvirtuar el eje de la discusión”. En esa línea, invitó al ministro a elaborar una nueva propuesta “acorde a lo que necesita el país” para poder dialogar.
El diputado del PPD, Tucapel Jiménez, también se sumó a las críticas, y planteó que “lo que usted nos propone ministro (Larraín) son $ 69 la hora; no es justo”.
Desde la DC, en tanto, recalcaron que exigen llegar a un salario mínimo de $ 300 mil en el primer año para abrirse a discutir una propuesta plurianual.
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