El pasado lunes, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo en cadena nacional que en los próximos días anunciará una agenda que incluirá la modernización de la Dirección del Trabajo (DT), la incorporación de tecnología digital para facilitar la relación entre los trabajadores, los empleadores y el propio organismo, y la promoción de la mediación voluntaria entre trabajadores y empleadores.
Y pese a que transmitió que sería un nuevo anuncio, dichas materias ya fueron impulsadas por el Ejecutivo. Es más, ya se encuentra en curso un proyecto que moderniza a la institución y ya se lanzó la plataforma "Mi DT", en la cual los trabajadores y empleadores pueden acceder a un grupo de trámites laborales de manera digital.
Pese a todo, el recordatorio del mandatario volvió a poner sobre la mesa el debate en torno al proyecto que moderniza a la Dirección del Trabajo, el cual ha sido duramente criticado por sindicatos, abogados y organizaciones.
Una de ellas es justamente la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), que es una organización sin fines de lucro que funciona bajo el alero del consejo directivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), la cual asegura que la propuesta del gobierno "retrocede en derechos laborales".
De acuerdo a una minuta de la organización, dicho retroceso se grafica en que la propuesta buscaría "flexibilizar los mecanismos de control con los que cuenta la Dirección del Trabajo en el ámbito del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el Trabajo; dificultar la constitución y creación de organizaciones sindicales y; debilitar el derecho a huelga de las organizaciones sindicales, por la vía de transformar los servicios mínimos en servicios máximos, es decir, la mantención plena del proceso productivo durante la huelga".
Según agrega el escrito, el proyecto debilita una serie de aspectos de la entidad, entre ellas: la fiscalización, ya que elimina la comparecencia obligatoria para efectos de fiscalización. Desde la fundación además aseguran que el proyecto en cuestión externaliza la mediación y parte de sus funciones y "establece excesivas garantías para el infractor (empleador) al crear un título completo que regula las garantías procesales de los posibles infractores en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras".
Otro aspecto que inquieta a la fundación, tiene relación con las implicancias de la propuesta respecto a la libertad sindical. Sobre esto, la minuta de FIEL sostiene que el proyecto establece que para la constitución del sindicato, de renovación de la directiva sindical y de elección del delegado sindical "solo podrán actuar como ministros de fe los inspectores del trabajo, en circunstancias que hoy puede serlo cualquier ministro de fe".
En relación a esta materia, además, desde FIEL advierten que en el ámbito de la autonomía sindical, la propuesta elimina la posibilidad de recurrir a ministro de fe establecido en los estatutos. "Se establece una especie de 'permiso previo para constituir sindicatos', pues exige una solicitud reservada de ministro de fe, la que determina el inicio del fuero sindical, estableciéndose que, si la asamblea constitutiva no se realiza en el plazo señalado, no se originará el fuero establecido en los incisos anteriores", dice el texto, agregando que esto "se agrava" al momento de señalar que el ministro de fe respectivo deberá emitir y entregar a solicitud del empleador o los trabajadores, un certificado electrónico dando cuenta del día y la hora en que ingresó la solicitud reservada de ministro de fe e informar de oficio al empleador respecto del hecho de haberse realizado la asamblea constitutiva y la nómina del Directorio y quiénes dentro de él gozan de fuero.
Los polémicos servicios mínimos
Este tema no podía quedar fuera del análisis de la fundación. Sobre esto, el informe de FIEL advierte que el proyecto de ley "destierra del Código del Trabajo el Derecho a Huelga", ya que amplía los servicios mínimos.
"El proyecto propone que los servicios mínimos ahora sean, además de todas las hipótesis actuales, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, tributarias y de pago de la empresa y proteger los bienes corporales, incorporales e instalaciones de la empresa, permite a las firmas otorgar funciones convenidas, lo que no es otra cosa que impedir todo ejercicio de paralización del proceso productivo. De esta forma se facilitar al empleador la proliferación de servicios mínimos".
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