El proyecto de ley para fortalecer el seguro de cesantía, que ingresó el Gobierno al Senado este lunes, no termina de convencer en términos de su efectividad para mitigar las consecuencias en el desempleo que se están generando en el marco del conflicto social.
El proyecto, que es parte del plan de recuperación económica y protección del empleo que lanzó la administración Piñera a inicios de diciembre, permite que empresa y trabajadores acuerden reducir hasta en un 50% la jornada, pero cuidando que no se produzca un deterioro en la misma proporción del salario.
Así, el trabajador tendrá derecho a percibir la remuneración de cargo del empleador, correspondiente a la totalidad de la jornada reducida, junto con un complemento de cargo del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) de hasta 25% de su sueldo imponible. El acuerdo podrá durar un máximo de cinco meses para los contratos indefinidos y de tres meses para aquellos contratos a plazo fijo.
En paralelo, el proyecto rebaja de doce a diez el número de cotizaciones mínimas exigidas para acceder a los beneficios en el caso del contrato indefinido, y de seis a cinco para contratos a plazo fijo.
Además, se aumentará la tasa de reemplazo (beneficio) en diez puntos porcentuales en la Cuenta Individual de Cesantía y en el Fondo Cesantía Solidario (FCS) para los tres primeros giros de los contratos indefinidos y para los dos primeros giros en los contratos a plazo fijo.
Para la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, el proyecto de ley llega tarde para aquellos que ya perdieron sus empleos y cree que son necesarias más acciones para la situación de desempleo. "Lo que se activa hoy día es que se dan más pagos si la tasa promedio de desempleo sube cierta cantidad de puntos. Eso es completamente insuficiente", dijo.
La también presidenta de la Fundación para la Pobreza recordó que se aplicó la misma medida tras la crisis de 2009 y el terremoto en 2010, y que en ambas ocasiones fue aplicada tarde.
De hecho, para la académica los cambios contemplados deben ser permanentes dentro de la Ley de Seguro de Cesantía y ser activados cada vez que exista una crisis.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, admitió tener aprensiones similares con el proyecto. "Siempre tiene el riesgo de no dar cuenta de las necesidades de reforma de carácter más permanentes sino que, como son solo en momentos de mayor coyuntura, puede eso limitar el carácter de las reformas y también su nivel de efectividad", expresó la dirigente.
La CUT espera emitir una revisión más acabada del proyecto de ley en los próximos días.
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