Desde la llegada de Juan Manuel Santa Cruz al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se han impulsado una serie de auditorías y revisiones internas para detectar falencias y mejorar el sistema de capacitación laboral.
“Sence está comprometido con la empleabilidad de los trabajadores del país, especialmente los de menores ingresos, y por lo tanto para nosotros es clave conocer la estructura de costos de los organismos de capacitación y así contar con parámetros objetivos para la determinación del nivel y reajustabilidad del aporte del Estado”, explica Pamela Arellano, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence.
Por lo mismo, el servicio solicitó a Guernica Consultores estudiar los costos de los proveedores de capacitación de Sence para diseñar una metodología que permita al servicio estimar los costos del sistema.
Capacitación en números
Según el reporte, entre 2015 y 2018 más de dos mil instituciones prestaron servicios en el sistema público de capacitación, compuesto por la franquicia tributaria y los programas sociales. En 2018, los organismos implementaron 38.500 cursos vía franquicia y 1.500 en programas sociales.
Por tamaño de proveedores -según el total de las ventas en el rubro en 2018-, el reporte da cuenta de que el 61% son microempresas, el 32% son pequeñas y el 5% son medianas y grandes.
En términos societarios, la mayor parte de los proveedores no pertenecen a entidades de mayor tamaño (81%), por lo que solo el 19% forma parte de una institución o empresa mayor. “En este último caso la capacitación es principalmente una actividad secundaria o que reporta una facturación menor al grupo empresarial”, dice el análisis.
Si bien el 61% presta servicios en la Metropolitana, la oferta en las demás regiones del país también es relevante, ya que el 60% de las entidades presta servicios en más de una zona.
La inversión en capacitación en 2018 ascendió a $147 mil millones en el sistema de franquicia tributaria, un 35% más que en 2015, donde el 78% correspondió a inversión realizada con financiamiento público. El sistema de franquicia fiscal permitió capacitar a casi 1,3 millones de personas en 2018, un 30% más que en 2015.
Con respecto al origen del financiamiento, el 52% proviene de la franquicia tributaria y el 20% de los programas Sence. El 18% de la facturación a empresas no está asociado a capacitación con incentivo público.
Situación por rubro
Administración es el área que concentra la mayor parte de los montos invertidos y de los participantes involucrados, absorbiendo el 28% de la inversión en el período y el 30% de los beneficiarios.
Más atrás se ubica salud, con un 11% de la inversión y un 16% de los participantes. Luego viene comercio,transporte y logística, que representan el 10% de la inversión en cada caso y el 14% y 8% de los beneficiarios, respectivamente. Esas cuatro áreas concentraron el 59% de la inversión y el 68% de los participantes.
Respecto a los costos de los cursos mediante franquicia tributaria, la investigación arrojó que los valores difieren según modalidad: más del 60% de los cursos a distancia y de E-learning tienen un valor hora bajo los $4 mil, a diferencia de los cursos presenciales, cuyo costo hora es de $5 mil. Por otro lado, los cursos de programas sociales mostraron, mayoritariamente, un valor hora menor a $4 mil (79%), y solo el 8% supera los $5 mil hora.
“El estudio muestra que el mercado de proveedores de capacitación es muy diverso y que los datos disponibles no son suficientes para captar dicha heterogeneidad. Concordamos con la necesidad de establecer políticas diferenciadas por segmento para optimizar los resultados del esfuerzo del Estado, pero nos falta avanzar en institucionalidad. El proyecto de ley de reforma al Sence, que se acaba de aprobar en la comisión de Hacienda para ser votado en Sala, avanza en esa línea, mejorando los incentivos para que las capacitaciones que se realicen agreguen valor”, agrega Arellano.
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