Más de la mitad de los 500 mil potenciales beneficiarios del ingreso mínimo garantizado son mujeres e integran un hogar que pertenece al 40% más vulnerable del país. Así lo precisó la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, en el marco del proyecto de ley que crea la referida figura y que inició su trámite en el Congreso con urgencia simple.
La iniciativa, que tiene un costo para el Fisco de US$ 306 millones contemplado en el Presupuesto de 2020, busca complementar el salario mínimo bruto fijado en $ 301.000 con un aporte directo no imponible de $ 49.000 “al bolsillo del trabajador” desde el Estado, y se entregará de manera escalada y proporcional a todos los trabajadores que reciban un sueldo bruto menor a $ 370.000.
- Algunos actores han planteado focalizar este aporte sólo en los trabajadores de empresas medianas y pequeñas, para evitar que el Estado entregue este subsidio a las grandes firmas. ¿Lo ve posible?
- Hemos puesto el foco 100% en los trabajadores. Entonces, lo primero a destacar es que de los potenciales beneficiarios, más de la mitad pertenece a pequeñas y medianas empresas. Segundo, como Estado no podemos discriminar en entregar un beneficio al trabajador porque estamos pensando 100% en el trabajador y en su hogar, y no podemos discriminar por la naturaleza de la empresa en que trabaja. Lo que no obsta que hagamos un llamado a las empresas a poder ajustar la remuneración bruta que pagan a sus trabajadores.
- ¿Cómo espera que se dé la tramitación legislativa?
- Estamos seguros de que vamos a tener acogida en el Congreso. Así lo esperamos, hemos puesto urgencia simple como gobierno, lo que dice relación también con ganas de conversar, de dialogar...que es el momento país en el que estamos. Pero también estamos seguros de que vamos a encontrar una acogida desde el punto de vista que este es un beneficio que tenemos que poder entregárselo a los trabajadores más vulnerables y a sus hogares lo antes posible.
- ¿Hay espacio para ampliar el monto de este subsidio?
- Estamos abiertos al diálogo. Esa es la idea. Este proyecto entra con urgencia simple y la idea es poder conversar con los parlamentarios, con los expertos y también, insisto, ponerlo en contexto de que esto es parte de un paquete de medidas de una agenda social que tomó lo que está ocurriendo en el país.
- ¿De qué manera aborda el proyecto el riesgo de malas prácticas como desvincular y volver a vincular por una menor remuneración?
- Se agregó una fiscalización activa por parte de la Dirección del Trabajo (DT) a estos comportamientos oportunistas y una obligación al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de denunciar a la DT si percibe dichos comportamientos.
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