Tras la compleja sesión de ayer en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en que se aprobaron polémicas indicaciones de la oposición al proyecto de ingreso mínimo garantizado patrocinado por el Ejecutivo, la presidenta de la instancia, Gael Yeomans (CS) aclaró que: "No nos interesa el gallito político, sino que abramos el debate por el salario mínimo".
Las indicaciones que ahora deberán ser revisadas en la comisión de Hacienda de la Cámara modifican el guarismo de $370.000 brutos –que era el techo fijado para entregar el subsidio- a $550.336 brutos, y además buscan limitar la entrega del beneficio sólo a aquellos trabajadores de empresas con ventas inferiores a 75.000 Unidades de Fomento.
Ambas fueron aprobadas dada la mayoría de la oposición en la instancia, ante esto en conversación esta mañana en Tele13 Radio, Yeomans, explicó que desde que ingresó el proyecto y durante todas las sesiones en que se abocaron a debatir la iniciativa la oposición insistió en que dado el contexto nacional "somos responsables desde la política como parlamentarios de dar respuestas", por lo que era necesario abrir el debate en torno al sueldo mínimo y no seguir con la figura que presenta el proyecto de ley de un subsidio que complemente el salario del trabajador.
Recordó el envío de una carta con sus propuestas a los ministros de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Trabajo. No obstante aquello "el gobierno ni siquiera nos respondió", señaló.
Ante esto, argumentó que lo que ocurrió ayer fue "un gesto político" que busca abrir el debate sobre la necesidad de legislar sobre salario mínimo, algo que por agenda legislativa del Ejecutivo recién debiera darse en agosto de 2020.
"No queremos hacer de esto un juego político, no nos interesa eso, pero la respuesta del gobierno sinceramente fue un portazo en la cara. Ni siquiera abrirse a un debate", argumentó. Respecto de la inconstitucionalidad de las indicaciones, reconoció que están "cruzando un margen que no es el que queremos cruzar" pero apuntó a la negativa del gobierno, inclusive a generar una mesa de debate con los distintos actores –gremios empresariales, trabajadores, gobierno y parlamentarios- sobre sueldo mínimo.
A futuro, y entendiendo lo complejo que resulta que los parlamentarios empujen iniciativas que van en contra de lo establecido en la carta magna -debido a que materias que involucran al erario fiscal son de exclusivo resorte del ejecutivo- y ad portas de lo que se viene sobre una nueva constitución, señaló: "Me parece que de manera responsable teniendo los datos a disposición –como ocurre en otros países, tenemos que avanzar donde los parlamentarios sí tengamos más atribuciones para poder legislar".
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