Que en la Región Metropolitana el aire puro escasea, es una realidad que vivimos hace décadas, producto de la acción de tres factores: topografía, emisiones de material particulado (MP 10), las que en el último tiempo actúan como constantes a diferencia de lo que sucede con las condiciones meteorológicas, que son el tercer elemento.
La desafortunada mezcla de estos elementos hace que en unas pocas horas la concentración de emisiones contaminantes suba hasta niveles que amenazan la salud de la población y obligan a decretar episodios de preemergencia o emergencia, que suponen un alto costo para la calidad de vida de las personas y la producción de las empresas, entre otros impactos. Pero, ¿son efectivos ?
En 1996, la Región Metropolitana fue declarada zona saturada por cuatro contaminantes atmosféricos (ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono), lo que derivó en la elaboración del denominado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la región, el primero que se llevó a cabo en Chile y que, mediante la aplicación de un centenar de medidas, permitiría terminar con la mala calidad del aire que se respira en la capital. Sin embargo, el documento ha sido modificado en dos oportunidades (2004 y 2006) y no son pocos los que ponen en duda su efectividad.
En lo que va de este año la Comisión Regional del Medioambiente (Corema) ha decretado preemergencia ambiental en siete oportunidades, lo que iguala los episodios anotados en 2001 y 2007; supera lo decretado en 2003 (4), 2004 y 2005 (2), y está muy por debajo de años como 1997 y 1998 cuando las preemergencias fueron 37 y 23, respectivamente.
Cuando la autoridad fija preemergencia está autorizada para incrementar la restricción vehicular, prohibir el uso de leña para calefacción y obliga a paralizar 847 fuentes fijas de emisión, determinadas por la Secretaría regional ministerial de Salud, medidas que se traducen en multas para los conductores que salen a las calles y en mermas productivas para las empresas, que deben frenar sus operaciones durante 24 horas, con la consiguiente pérdida productiva.
Si se trata de buscar responsables de que en la capital sea cada vez más difícil respirar, los dardos apuntan en diferentes direcciones, desde los modelos de monitoreo, el sistema de pronóstico, la baja eficiencia de las medidas de prevención, el rol de las fuentes de emisiones y el incumplimiento de las disposiciones del PPDA.
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