Por Claudia Betancourt m.
La fórmula comunicacional implementada por el gobierno de apuntar a jueces y fiscales para desviar la atención del alza en los índices de delincuencia, concita discrepancias al interior de La Moneda.
La semana pasada, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dejó claro el lineamiento al señalar que “a nuestro gobierno le corresponde conducir la lucha en contra de la delincuencia, pero es importante también prender la luz respecto de todas las instituciones que en nuestro país participan y deben contribuir en la lucha (...) ahí está el Ministerio Público y el Poder Judicial”.
Los asesores del jefe de gabinete y del segundo piso creen que plantear ante la opinión pública que hay ineficiencia en los encargados de impartir justicia, permitiría remontar en las encuestas. Para ello, se afirman en el Índice de Fundación Paz Ciudadana-Adimark de junio de este año, donde estas instituciones son las peores evaluadas por la ciudadanía (fiscales sacan un 3,8 y jueces un 3,4 y sólo superan a senadores y diputados, que obtienen un 3,3).
Por otro lado, los detractores de dicha estrategia creen que atacar a un poder del Estado (Judicial) y a un organismo independiente (Ministerio Público) puede ser muy perjudicial pues se socavaría la institucionalidad de estas entidades claves para el país. Apelar a un discurso “confrontacional” en momentos en que las cifras de delincuencia siguen creciendo, es ganarse un problema gratuito y escalar en un conflicto que nadie sabe en qué va a terminar, comenta una fuente de La Moneda.
Elecciones municipales
Con todo, los principales problemas estarían en la cartera que lidera Hinzpeter. La estructura del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha funcionado. La Subsecretaría de Prevención del Delito no se ha posicionado como el centro de estudios de la delincuencia que fue concebido. Su titular, Cristóbal Lira, no ha conseguido plantarse ante la opinión pública como el “sheriff” antidelincuencia.
En los think tanks ligados a la derecha, el diagnóstico tampoco es distinto. Algunos ya advierten que están en serias dificultades para instalar, el próximo año, el discurso de campaña para los candidatos a las municipales en la Alianza.
Nada hacer anticipar que las cifras de delincuencia bajen y más aún, la emblemática Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2012, confeccionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), podría ser “desastroza”, advierten en palacio.
Entonces, el discurso desplegado en campaña sobre la “mano dura” de las administraciones de derecha contra la delincuencia, ya no parece tener asidero. “La gente se va a reir en la cara de los candidatos que vayan a vender esa pomada”, dice un asesor gubernamental.
Con todo, ni los más optimistas creen que el gobierno logrará superar estas dificultades en los próximos 12 meses. La falla en el principal eje del programa de gobierno del presidente Piñera, les pasará la cuenta, reconocen. En lo específico, nadie en La Moneda se atreve a apostar a que se cumplan las metas del “Plan Chile Seguro”.
Comercio inquieto
Los empresarios y particularmente, el comercio, están inquietos. El tema los afecta porque el exceso de asaltos, robos y crímenes de diversa índole, ahuyenta las inversiones y afecta el turismo.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, el tema “requiere la debida urgencia por parte de las autoridades, y es un tema extraordinariamente preocupante para la federación que yo presido, en el sentido de que se hacen denuncias pero debido al atosigamiento del trabajo que tienen los fiscales cuesta mucho seguir adelante con las denuncias”. Es más, el secretario general de la CNC, Jaime Alé, dice que el comercio es uno de los sectores más afectados. Con cifras en mano afirma que según el último Estudio de Victimización que realizaron con Adimark, desde el primer semestre de 2008 hasta el mismo período de 2011, el 50% del comercio establecido fue víctima de algún delito. “La delincuencia genera una serie de complicaciones, como es la alteración de las operaciones de los locales, un daño a la imagen y reputación de los establecimientos y efectos sobre la moral de los trabajadores, quienes se ven directamente afectados por estos hechos”.
En tanto, el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, advierte que de seguir con esta dificultad “ponemos en peligro nuestra competitividad como hace años atrás le pasó a Perú, que un 30% de sus costos estaban destinados a seguridad”. El dirigente apunta a que las medidas implementadas -hasta ahora- por el gobierno “van por un camino equivocado”. “Lamentablemente la delincuencia es una situación que se ha vuelto incontrolable. La famosa puerta giratoria al parecer le pusieron W-40, el ministro del Interior le ha puesto esfuerzo, pero los resultados no han sido positivos”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
nacional
