Por P. Ojeda / j. C. Prado
A mediados del mes pasado, los congresos de México y Paraguay dieron un paso clave para aprobar sendas leyes de responsabilidad fiscal en esos países. En el caso paraguayo, la medida apunta a limitar el déficit fiscal y equilibrar la deuda pública y ya fue completamente aprobado por el parlamento, mientras que en el caso mexicano el Senado aprobó la semana pasada la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, entre otros puntos, plantea que durante 2015 y 2016 el gasto corriente del gobierno federal no podrá crecer más de 2,5% a tasa anual.
La acción de ambos países se enmarca en una tendencia creciente a nivel mundial de establecer reglas de responsabilidad fiscal para determinar y transparentar la administración de sus recursos y así definir variables económicas como los presupuestos anuales.
En este ámbito, Chile entra en la categoría de pionero en el orbe, dado que estableció a partir de 2001 una regla basada en un Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), más conocido como regla de balance estructural, que analiza la situación del Fisco en una perspectiva de mediano plazo y que consiste en estimar los ingresos del Gobierno Central ajustándolos por el ciclo económico y, consecuentemente, autorizar un gasto público consistente con dichos ingresos.
El paso se dio en la administración Lagos, con Nicolás Eyzaguirre -entonces ministro de Hacienda- y Mario Marcel -en esa época director de Presupuestos- como ideólogos, quienes establecieron el mecanismo que en su metodología se ha mantenido hasta ahora, aunque han variado los objetivos de la regla.
Según cifras del FMI, hay cerca de 40 países que, a lo largo de la década pasada y en los años de la presente, han adoptado políticas de responsabilidad fiscal. Es más, desde 2010 los países que han adoptado nuevas reglas fiscales son Austria, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Hungría, Japón, Namibia, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, República de Eslovaquia y Reino Unido.
Esto representa a un 45% de los países desarrollados y a un 20% de los países en desarrollo, respectivamente.
Experiencia chilena
En el caso chileno la regla se fue consolidando en los últimos años. Inicialmente partió con una meta de superávit de 1% para resolver distintas situaciones, entre ellas una capitalización de BancoEstado, pero posteriormente ese monto pareció excesivo, lo que redundó en una meta de 0,5% de superávit, aunque hoy se está convergiendo lentamente hacia un balance estructural.
Igualmente, pese a que Chile fue pionero en estas medidas se han propuesto algunos cambios, los que también fueron debatidos en la llamada “comisión Corbo”.
Fuentes consultadas plantean que “hemos tenido un período de consolidación de la regla porque se le ha dado estabilidad y transparencia en los últimos años, pero nuestra regla aparece como compleja, de alguna manera es difícil porque tiene muchos detalles, lo ideal sería que la regla fuera simple, aunque con transparencia se ha tratado de subsanar”.
En ese sentido, apuntan a la cantidad de elasticidades que hay que analizar para los cálculos como uno de los factores que complica la operación. Otro tema que podría ser analizado, a juicio de expertos, es la pertinencia de utilizar los valores promedio del precio del molibdeno en los cálculos, dado que ese mineral no tiene un peso tan relevante para la economía como sí lo tiene el cobre.
Finalmente, se apunta a que los comités consultivos del cobre y del PIB tendencial podrían ser compuestos por técnicos que estén más tiempo en sus funciones y que no vayan rotando, como ocurre actualmente.
Próximo gobierno
Un elemento que podría generar modificaciones en la actual Ley de Responsabilidad Fiscal es la próxima elección presidencial. El domingo 27 de octubre la abanderada de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, presentó su programa de gobierno e hizo una mención específica al tratamiento que tendría en su eventual administración las iniciativas de responsabilidad fiscal. Junto con ello, además, dejó en suspenso lo que ocurrirá con el Consejo Asesor Fiscal, conformado por el actual gobierno, al señalar que creará una nueva institucionalidad con mayores funciones. "Crearemos por ley un Consejo Consultivo Fiscal.
A este organismo le corresponderá evaluar la metodología de cálculo del balance estructural y proponer perfeccionamientos; como también administrar los comités de expertos que entregan los parámetros clave para el cálculo del balance estructural de cada año, alertar sobre riesgos fiscales emergentes y evaluar periódicamente la sostenibilidad de la política fiscal. Si el gobierno se desvía de la meta de balance estructural, el Consejo tendrá la obligación de pronunciarse públicamente sobre las razones invocadas para ello", señala el programa.
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