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REGÍSTRATE AQUÍEntidad creada por actual administración de gobierno publicó actas de las reuniones ya sostenidas en las últimas semanas.
Por: denisse vásquez
Publicado: Martes 15 de diciembre de 2015 a las 04:00 hrs.
Pasos en pro de conocer la realidad de la participación de mujeres, jóvenes y adultos mayores en el mercado laboral está dando la Comisión Nacional de Productividad (CNP) liderada por el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos.
Según las actas de las recientes reuniones de la entidad -publicadas ayer-, actualmente se están teniendo conversaciones preliminares con la OCDE para avanzar en una etapa previa a los análisis sobre los referidos estamentos.
Pero no sólo eso. Paralelamente, se está buscando información dentro del gobierno -léase Ministerio del Trabajo- sobre estudios que ya existan para evitar duplicación y, de esa manera, aprovechar lo existente, optimizando tiempo y recursos.
Otro hecho informado en la última acta es que se entregó el resultado de la revisión de las agendas de productividad de los gobiernos anteriores. Esto, con el objetivo de identificar las medidas anunciadas en las tres recientes administraciones.
En este marco, surgieron las acciones que requerían cambio de Ley, en circunstancias que otras no.
Estas últimas típicamente eran iniciativas de gestión (rapidez de trámites) o de reglamentos, que no pasan por el Congreso.
Entonces, la CNP decidió partir analizando las medidas que no requieren pasar por el Congreso, detalló el secretario ejecutivo Alfie Ulloa.
Desde la instancia, se explicó que la intención primera es seleccionar medidas específicas para recomendar a la Presidenta su implementación.
La segunda etapa busca analizar los pasos que sí requieren Ley.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.