Cada cierre del año, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda cuantifica el valor de los denominados pasivos contingentes.
Estos se refieren a los compromisos que tienen algún tipo de garantía estatal, los que de activarse implicarían desembolsos millonarios para el Fisco chileno. También, se consideran las obligaciones financieras que resulten de la aplicación de disposiciones de carácter legal o contractual que generen pasivos contingentes.
¿De qué tipo? Por ejemplo, la pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, las garantías otorgadas por concesiones en infraestructura, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la garantía estatal a los depósitos, por citar algunos.
Acorde al reporte del organismo encabezado por Javiera Martínez, en 2024 el stock total de los pasivos contingentes representó un 10,36% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto significa de que en caso de que se activen las garantías sobre todos esos compromisos al mismo tiempo, el Fisco debiera desembolsar el equivalente a esa proporción del tamaño de la economía. Algo así como US$ 32.000 millones.
Ahora, en el caso que la totalidad de las garantías se activaran durante un mismo año, el flujo máximo estimado sería de 0,12% del PIB (2024), ya que no se producirían en un solo período, sino que lo harían de manera diferida en el tiempo. "Lo anterior es factible de abordar por el Fisco", recalca el documento, elaborado por la jefa de la División de Finanzas Públicas de la repartición, Claudia Sotz (su primera publicación desde que arribó al cargo); la subjefa del Subdepartamento de Pasivos Contingentes y Concesiones, María José Huerta; y los analistas de este último subdepartamento Muriel Manríquez y Manuel Ávalos.
Al comparar con el año previo, el monto total al que está expuesto el Fisco se redujo en relación al 2023, cuando representaba un 11,16% del tamaño de la economía, lo que implica una reducción de 0,8 décimas del PIB. Asimismo, el stock total es más bajo si se contrasta con el 2022, cuando equivalía a 10,83% del Producto.
El desglose
Actualmente, existen 12 tipos de pasivos contingentes que generan algún tipo de responsabilidad financiera para el Estado en caso de activación.
El más grande por tamaño es la garantía estatal a los depósitos en el sistema financiero, que equivalen a un 3,97% del PIB. Eso sí, dicha exposición evidencia una reducción de 0,41 punto porcentual del Producto en relación al 2023.
Lejos más atrás, el segundo pasivo contingente de mayor cuantía son las obligaciones con organismos multilaterales, con un 1,89% del PIB, 0,19 décimas menos que en el 2023.
La garantía estatal al crédito de educación superior cierra el podio, prácticamente no variando respecto al año previo con stock que se expresa en un 1,55% del tamaño de la economía chilena.
Otros pasivos contingentes de relevancia son la garantía estatal a la deuda de las empresas públicas, con un 0,75% del PIB, una reducción de 0,06% del Producto versus el 2023; y los préstamos solidarios, cuya exposición equivale a 0,68% del tamaño de la economía, también con una reducción de 0,06% del PIB en contraste con el período anterior.
Hubo solo cuatro categorías que aumentaron su stock total el año pasado: el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes, con un alza de 0,06% del PIB y llevando el stock total a 0,07% del PIB); el Fondo de Estabilización de Tarifas (0,05% del PIB a 0,48% del Producto); las demandas contra el Fisco (alza de 0,05% del PIB a 0,30% del Producto); y la garantía de ingresos mínimos del sistema de concesiones de obras públicas, que mostró una variación positiva de 0,01% del Producto, para un stock total de 0,09% del tamaño del PIB chileno.
Tendencia al alza desde 2019
Ahora, al analizar el stock total, desde el 2019 que el monto total de pasivos contingentes ha mostrado un incremento relevante, pasando de un 4% del PIB en 2018 a un 8% un año más tarde, mientras que desde inicios de esta década se ha ido consolidando sobre un 10% del tamaño de la economía.
"El año 2019 se observa un incremento y un quiebre en la tendencia debido a la incorporación de las obligaciones con organismos multilaterales, y a la modificación legal de la garantía estatal de los depósitos. La siguiente alza, del año 2020, se debe principalmente al incremento patrimonial en el Fogape, para enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19, estabilizándose para el año 2021 y 2022. Durante el 2024 se aprecia una disminución debida principalmente a la baja en la garantía estatal a los depósitos", explica el documento.
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