El Ejecutivo evaluará a mediados de este año el efecto de las miles de modificaciones normativas que incorporó en el proyecto de ley de Presupuestos 2024 para aumentar el control del gasto, en un contexto que estuvo marcado por el estallido del caso convenios y los traspasos de recursos públicos hacia fundaciones privadas sin fines de lucro.
Así lo señaló la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, en el marco de la cuenta pública de la gestión del año pasado. La idea de esta evaluación es analizar la posibilidad de replicar o mejorar estas normas de cara a la elaboración del erario del próximo año.
Los cambios
El proyecto aprobado el año pasado por el Congreso consideraba cuatro artículos nuevos o reformulados, 672 cambios en glosas y 336 cambios en asignaciones, con lo que se totalizaban más de 1.000 cambios normativos. Una de las principales modificaciones se relacionaba con los cambios introducidos en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, que establecía que el concurso es obligatorio para la asignación de recursos mediante transferencias corrientes a instituciones privadas, pero que en ese momento permitía variadas excepciones.
Asimismo, se establecieron los requisitos que deberán cumplir los convenios de transferencias, donde a los ejecutores directos se les incluyeron obligaciones como la garantía, dos años de antigüedad mínimo, cumplimiento de hitos para las transferencias y prohibición de fraccionamiento, entre otros.
De esta forma, el Ejecutivo siguió la recomendación de la Comisión Ministerial para la relación del Estado y las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, para asimilar los procesos a la Ley de Compras que mandata licitaciones competitivas, procesos abiertos y transparentes.
También se incluyeron las situaciones de inhabilitación de funcionarios públicos en concursos que están haciendo sus servicios, entre otras modificaciones.
En la misma línea, se abordó la reclasificación del gasto público, donde la Dipres propuso ajustes para mayor consistencia entre el objeto del gasto que se ejecuta con la clasificación presupuestaria correspondiente.
La ingeniera anunció que se iniciará una agenda de trabajo de corto plazo con las agrupaciones de funcionarios públicos para abordar el alto nivel de ausentismo en el Gobierno Central, para así evitar perjuicios a la calidad de los servicios entregados a la ciudadanía.
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