Una de las prioridades con las que el Ministerio de Hacienda construyó la ley de Presupuestos de 2017 es normalizar la situación de fuerte expansión del sector público en los últimos dos años, con la mira puesta en evitar un mayor deteriorio en las cuentas fiscales, acotar la posibilidad de una rebaja en la clasificación de riesgo del país y dar una señal de estabilidad macro al sector privado.
Pero otra de las consignas de Teatinos 120 en el diseño del proyecto fue priorizar gastos, considerando el complejo mix de una persistente desaceleración económica, caída en el precio del cobre, crecimiento del PIB de largo plazo y crecientes demandas sociales. O sea, Hacienda tenía que hacer más con menos recursos. Y parte del apretón de cinturón vino por el lado de los recursos humanos en el sector público.
Según consigna el Informe de Finanzas Públicas, el Presupuesto del próximo año considera fuertes ajustes en el gasto de viáticos, horas extraordinarias, asignaciones por funciones críticas y pago de honorarios, todos temas sensibles en la discusión presupuestaria, sobre todo para los funcionarios fiscales.
En concreto, el gasto en asignaciones por funciones críticas (que corresponde a los funcionarios que desempeñan labores calificadas como estratégicas o relevantes para un servicio o ministerio) se contraerá 0,5% el próximo año, a $ 27.560 millones. Esta es la primera baja desde 2012 y, así, se deja atrás la fuerte expansión de 7,1% anotada este año.
El número de personas beneficiadas ascenderá a 2.434 este año, un avance de 2,3% respecto de 2016.
El gasto destinado a la contratación de honorarios se contraerá 11,3% en 2017. Esto, a pesar de que la autorización máxima de contrataciones se aumentó en 2.783 respecto de este año, situándose en 43.683.
El tema fue parte central del debate presupuestario el año pasado, ya que el gobierno aumentó en 39,1% el gasto destinado a este ítem en la ley de Presupuestos 2016, desatando críticas de la oposición debido a la discrepancia -señalaron en su oportunidad- de presentar un Presupuesto austero y, a la vez, aumentar el gasto para contrataciones en el sector público.
Menos plata para viajes y horas extraordinarias
La ley de Presupuestos 2017 también ajusta un ítem que venía creciendo en los últimos años: las horas extraordinarias.
El gasto máximo autorizado para dicho ítem no aumentará el próximo año y totalizará $ 90.643 millones, siendo la menor expansiónen cinco años y dejando atrás el avance de 5% de este año.
Los viáticos en territorio nacional también sufrirán bajas en el actual contexto de estrechez fiscal: los totales subirán sólo 0,4% en 2017 hasta $ 81.983 millones, normalizándose después de variaciones sobre 10% en 2015 y 2016. Una situación similar ocurre en los pagos de la administración civil (ver gráficos).
En el marco del ajuste fiscal de marzo, Hacienda preparó un instructivo de austeridad, documento que establece criterios más restrictivos para el uso de los recursos públicos, como los gastos para viajes, viáticos, horas extraordinarias, publicaciones y difusión, entre otros.
Polémica por recursos para el Congreso
El martes no se pudo votar el presupuesto del Congreso en la cuarta subcomisión comisión mixta debido a que los recursos para el Congreso bajaron un 0,2% respecto del año anterior y según plantea un grupo de diputados esa cifra esconde una disminución real de 0,3% de los dineros destinados para la Cámara de Diputados, mientras que el presupuesto de la Cámara Alta habría aumentado.
Como es de esperar eso cayó pésimo en las bancadas transversalmente, por lo que según plantea uno de los diputados integrantes de la subcomisión mencionada, Fuad Chahín (DC), no votarán la polémica partida hasta que Hacienda no entregue un detalle de las razones por las que el presupuesto de la Cámara disminuyó en términos reales y el del Senado aumentó, por lo que la carga de la caída en el presupuesto del Congreso se la llevan los diputados.
Aunque, el presidente de la Cámara, el diputado Osvaldo Andrade, está consciente de la molestia existente en las bancadas, le bajó el perfil a la misma explicando que su preocupación pasa más bien por una mirada de futuro que dice relación con los gastos que la Corporación deberá hacer en 2018 con miras a recibir a los nuevos 35 diputados.
Andrade explica que la inversión necesaria para ello la hará la Cámara con recursos propios, pero "hay cosas que resolver con Hacienda para poder utilizar esos recursos propios", concluye.
Trabajadores públicos exigen piso de 3,4% para negociar
Luego de la jornada de movilización convocada por la Mesa del Sector Público, el 29 de septiembre por el reajuste salarial, el gobierno escuchó el llamado a reinstalar el proceso de negociación, entregando una propuesta de reuniones para reactivar la discusión en medio del debate del Presupuesto. El primer cara a cara tras el congelamiento de la mesa tiene fecha: el próximo miércoles se reunirán los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente, con los dirigentes. Mientras, hoy se reunirán los equipos técnicos como antesala de la cita.
Preparándose para el encuentro del próximo miércoles, el coordinador de la mesa, Carlos Insunza, fue tajante al asegurar que se le ha comunicado al gobierno que "ninguna cifra que esté por debajo de la recuperación del poder adquisitivo perdido permite siquiera iniciar una negociación". Es decir, explicó, "mientras el gobierno no instale una cifra de 3,4% o 3,5%, la Mesa del Sector Público no va a iniciar un proceso de negociación en forma, porque nosotros no vamos a movernos en un ámbito en el que el gobierno lo que busca es descargar el ajuste fiscal sobre las remuneraciones de los trabajadores".
El dirigente dijo lamentar que las autoridades se "tomen un proceso tan complejo como este con una parsimonia de estas características". Agregó que espera que en el encuentro del miércoles los ministros Valdés y Rincón cambien drásticamente de actitud.
Los dirigentes criticaron la dilatación del gobierno en medio del proceso "que no parece condecirse con el volumen de la movilización realizada la semana pasada". Y si bien valoraron la preocupación parlamentaria en torno a la discusión, Insunza sostuvo que no es adecuado que el Parlamento instale propuestas por fuera del proceso de negociación.
Según los dirigentes, la cita del miércoles es un "hito gravitante", ya que la respuesta que entregue el gobierno ese día será determinante para que la mesa continue su programa de movilización.
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