Está el compromiso de los partidos políticos de la Nueva Mayoría de evitar la polémica y superponer el interés colectivo por sobre el particular para asegurar una tramitación expedita del proyecto de ley de Presupuesto 2017, que durante esta mañana ingresará a la Cámara de Diputados.
Pero esto es política y, como anticipan algunas bancadas oficialistas, existen temas “ineludibles” que amenazan con convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno.
Debate de pensiones
Uno de ellos es el asunto previsional. El gobierno sorprendió al anunciar un aumento del 10% en la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario. Sin embargo, el fortalecimiento del Pilar Solidario es inferior al solicitado por los partidos tanto del oficialismo como de la oposición. La UDI condicionó su respaldo al Presupuesto 2017 a incrementar hasta los $ 120.000 la PBS.
La demanda es compartida por la bancada de diputados PS, que quiere subir la PBS hasta los $ 110.000. Hasta ahí la propuesta del Ejecutivo puede ser satisfactoria, pero los legisladores del partido de la Presidenta también demandan eliminar las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, lo que, junto al aumento de la PBS, tendría un costo asociado de cerca de US$ 300 millones. ¿La fórmula? “Es completamente accesible mejorar las pensiones básicas y el aporte solidario a través de reasignaciones”, expresó quien preside la comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado socialista Manuel Monsalve.
Además, el asunto previsional “puede despertar los apetitos”, concuerdan dirigentes de ambos bloques, lo que se suma a que “el trabajo prelegislativo que debe terminar con una reforma a las pensiones avanza más lento de lo esperado y se ve difícil tener un proyecto a fines de este año”, como expresó el jefe de la bancada de diputados de la DC e integrante de la comisión de Hacienda, Fuad Chahín.
Gratuidad y lucro
Un segundo elemento complejo será educación. Ya que la reforma a la enseñanza superior no será aprobada durante este año, la gratuidad universitaria, técnica y profesional será financiada nuevamente a través de una glosa. El problema no será ese, sino que determinar qué instituciones podrán acceder. “No vamos a permitir que universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que lucran accedan a la gratuidad”, anticipó la diputada de la comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), quien advirtió: “No volverá a ocurrir lo de la Universidad Autónoma (institución que accedió a la gratuidad por decisión del Tribunal Constitucional, pese a ser una de las 12 universidades investigadas por el Ministerio Público por lucro)”. Al debate en también se sumará la cobertura de la gratuidad (tiene que llegar al 50%) y los recursos para terminar con el copago.
Reactivación económica
Un tercer aspecto que se vaticina difícil es el plan de inversión considerado en el Presupuesto 2017. Como los ingresos son acotados, los legisladores de la NM esperan liberar más recursos recortando programas con baja o nula ejecución. Ahí una primera polémica. La segunda, fortalecer la inversión con efecto reactivador de la economía, como obras públicas de corto y mediano plazo (agua potable rural, caminos básicos) y que genere empleo (subsidios a la vivienda, construcción de centros hospitalarios). “Lo complejo tiene que ver, primero, con la coordinación de la inversión pública para que genere reactivación; segundo, asegurar que las platas se ejecuten; y tercero, los montos involucrados”, adelantó Monsalve. El criterio establecido por Hacienda es que la mayor inversión se podría financiar reasignando recursos y no destinando mayor gasto. Acá la puerta para el uso de los fondos soberanos está cerrada y si bien algunos parlamentarios han pedido evaluar esta opción y flexibilizar la meta del balance estructural, parece existir un consenso: “No hay que tener déficit y el gasto no puede crecer más allá de lo razonable. Lo que sí puede haber es, en lugar de endeudarse, ocupar los fondos soberanos, midiendo el rendimiento desde el punto de vista de la tasa de interés. También puede hacer un mix y eso se discutirá”, expresó el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Andrés Zaldívar (DC). El diputado Monsalve concuerda y enfatiza que “no hay una correlación de fuerzas suficientemente fuerte como para modificar lo que el gobierno ha planteado (estricto apego a la regla de balance estructural y evitar utilizar los fondos soberanos)”.
El senador UDI Juan Antonio Coloma, integrante de la comisión de Hacienda, aseguró que, junto a la demanda de pensiones, el respaldo de la colectividad estará “si hay responsabilidad fiscal, una priorización razonable y se respetan los compromisos respecto de la ejecución”. Salud, en materia de especialistas y construcción de hospitales, también podría enredar el debate. La discusión comienza el lunes, luego que el ministro Valdés exponga el Estado de la Hacienda pública en el Congreso.
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