Con el fin de agilizar la tramitación para que se concreten inversiones en el país, el Gobierno presentó este miércoles la denominada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la cual contempla la creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial y una reforma a la entrega y plazos de los permisos distintos a los ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas.
En el marco de un acto en La Moneda, en el cual participó el Presidente de la República, Gabriel Boric, y ministros sectoriales -como los de Economía, Nicolás Grau, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas-, se explicó que la creación del Sistema de Permisos Inteligentes busca simplificar el proceso de autorización, reducir tiempos y dar mayores certezas a los inversionistas.
“En promedio los tiempos totales de tramitación sectorial, si logramos aprobar este ambicioso proyecto de ley, se debieran reducir en más de un tercio y especialmente para las empresas de menor tamaño que debieran reducir sus plazos para obtener los permisos a la mitad”, explicó el Presidente Boric.
Lo anterior, en un contexto en que el visado para realizar cualquier iniciativa hoy en el país, sea grande o pequeña, implica superar un total de 380 permisos, correspondiente a 37 servicios y 16 ministerios, además de intervenir 37 leyes.
En suma, estos cambios -que se unirán a los permisos medioambientales- debieran traducirse en menos vistos buenos, pero también una mayor responsabilidad de los privados. Por lo que el proyecto propone nuevas medidas como plazos máximos, el uso del silencio administrativo, la exigencia de un examen de admisibilidad, simplificación del proceso para proyectos más pequeños o de menor riesgo y la apertura de una ventanilla única.
Efecto en el PIB
Acerca del impacto que el proyecto puede tener sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que, de acuerdo a las estimaciones que realizó la Comisión Marfán sobre la base de estas propuestas, “se podría incrementar el nivel de Producto en un 2,4% al cabo de diez años y en la medida que aumente el producto también aumenta el nivel de ingresos fiscales en alrededor de un 0,3% del Producto”
“Con estas nuevas normativas vamos mayores certezas a todos los actores involucrados, tanto a los inversionistas, a los titulares de estos proyectos, como también a las comunidades y a la ciudadanía en general, que sabrán de antemano, y esto es importante, qué esperar y cuánto esperar de un proyecto y de la obtención de permisos que en muchos casos hoy peca de una irracionalidad y de tiempos excesivos que atentan contra el dinamismo que necesita nuestra economía para volver a crecer”, señaló en tanto el Presidente Boric.
El contenido
Las medidas que se impulsarán como parte del pacto fiscal que impulsa el Gobierno están agrupadas bajo cuatro paraguas.
Principalmente, debutan normas mínimas que serán de forma transversal a todos los procesos que se inicien. Se propone que pasen por un examen de admisibilidad, así como mejorar la regulación de las iteraciones (insistencias) entre servicios y el solicitante; establecer plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no tienen; y fortalecimiento del uso del silencio administrativo como acción de última ratio, o sea, como último argumento.
“Los silencios administrativos consisten en que cuando se cumple el tiempo, existe una decisión por default. En algunos casos el silencio administrativo va a ser positivo, en otro caso, los silencios administrativos van a ser negativos y van a depender de la tipología del permiso”, señaló el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Otro cambio sustantivo que propone la reforma es la creación de un nuevo órgano público: el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, que tendrá el rol de hacer que el nuevo marco institucional funcione a través de la fiscalización del cumplimiento de las normas de tramitación, el cumplimiento de los tiempos, reportes de estadística y propuestas de mejoras regulatorias.
También tendrá una coordinación con un nuevo comité de subsecretarios de ciertos ministerios, para la organización de todas las interacciones entre los distintos actores del sector público. Al igual que, en caso de que se cree un nuevo permiso, velará para que esté dentro de este marco regulatorio.
“Así que no es solo un servicio que tiene un rol inmediato para que todo lo que está en la ley en este proyecto de ley efectivamente se haga realidad, sino que además porque es un servicio que nos va a ir ayudando a que este nuevo sistema que se está creando vaya evolucionando de buena forma en el tiempo”, explicó el ministro Grau.
Como parte de las medidas también se plantean criterios de proporcionalidad. Así, de los 380 permisos totales que existen, en 92 casos se establecerá un procedimiento que permita reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas del titular del proyecto, u otras técnicas, en razón del riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto.
Finalmente, también se utilizará una ventanilla única digital, correspondiente a la plataforma Super del Ministerio de Economía, para la tramitación de permisos sectoriales y para la presentación de declaraciones juradas y avisos por parte de titulares. El objetivo es dar un acceso permanente a los detalles del procedimiento.
Plazos más acotados
Dado que el objetivo final de la reforma apunta a agilizar el curso de los permisos sectoriales -tema bautizado coloquialmente como permisología-, el Gobierno le puso números a lo que podría ocurrir una vez aprobada.
En el caso de un hospital de alta complejidad, se estima que la tramitación podría bajar en un 32%; mientras que para grandes proyectos de explotación minera el tiempo disminuiría en 45% y en locales de consumo de alimentos podría llegar hasta 69%.
Las estimaciones de impacto del proyecto se han calculado según tipologías de proyectos y sus rutas o secuencias esperadas de tramitación de autorizaciones.
Entendiendo que la reforma requiere un paso por el Congreso, el Ejecutivo contempla medidas de inmediata activación para avanzar en la simplificación y reducción de tiempos para la obtención de permisos.
Estas acciones incluyen la actualización de reglamentos para complementar los regímenes de autorizaciones con avisos o declaraciones juradas (THA) para obras e instalaciones de bajo riesgo, en los casos en que no se requiere reforma legal; así como el fortalecimiento de los servicios responsables de tramitar los permisos críticos, mediante financiamiento para contratar profesionales y brindar el acompañamiento necesario a los procesos de autorización sectorial.
Adicionalmente, se impulsarán Mesas Regionales de Inversión, donde en alianzas público-privadas, se monitorean a nivel regional los proyectos de inversión, se identificarán dificultades para invertir y se realizará un seguimiento de las medidas adoptadas para una pronta materialización de la inversión.
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