Avanzando a pasos agigantados está el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad para la inversión extranjera directa (IED) en el país, que viene a reemplazar el Decreto Ley (DL) 600 que regula la materia, el cual se derogará el próximo año.
La iniciativa legal acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados y en los próximos días ingresará a segundo trámite en el Senado, mientras la apuesta de Hacienda es que sea ley antes del 21 de mayo.
En este contexto, hay voces disidentes respecto a la pertinencia de implementar un nuevo marco normativo para la IED en el país, en el marco de la fuerte desaceleración económica y la consecuente baja en la inversión. Una de ellas es la del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el cual mediante un informe plantea que la nueva normativa tendrá efectos relevantes en reducir la certeza jurídica para los inversionistas extranjeros.
En el texto, el centro de estudios argumenta que desde su publicación en 1974, el DL 600 ha tenido un rol "importante" en el ingreso de IED al país, argumentando que de los más de US$ 23.000 millones que ingresaron en 2014, el 30% de esos recursos ingresaron mediante el DL 600.
"Los resultados en Chile contrastan con el contexto regional, en que los flujos de IED hacia Latinoamérica y el Caribe tuvieron una baja de 19% en el mismo período, y a nivel global también se registró una baja de 8%", advierte el estudio.
Problemas jurídicos e impacto macro
El escrito postula que el proyecto de ley elimina una serie de "beneficios", como la invariabilidad tributaria, "la que simplemente se suprime" en el proyecto, a lo que se agrega que el Estado chileno dejará de suscribir contratos-ley con el inversionista extranjero, quien "simplemente queda sometido a la legislación común vigente en Chile, sujeta a las variaciones y modificaciones que se aplican a la legislación común", postula LyD.
Respecto a la invariabilidad, señala que si bien una buena cantidad inversionistas estaban renunciando a acogerse al beneficio, el proyecto no ayudará a mejorar la situación de los extranjeros.
"La supresión de esta invariabilidad da una señal confusa al inversionista minero, ya que es una garantía que claramente le atrae, y la minería ha sido por lejos el mayor destino de la IED", argumenta el think tank.
Por último, LyD concluye que el proyecto de ley implica una "mayor injerencia" del Estado en la promoción de la inversión extranjera y un "debilitamiento" para las garantías legales, "lo cual da una señal confusa, justo en un momento de escaso crecimiento económico o incertidumbre en los mercados".
"Chile está en una zona geográfica no precisamente amistosa para la inversión extranjera. El inversionista necesita saber que Chile es un destino óptimo de inversión. Sin contrato-ley está menos protegido frente a eventuales discriminaciones o expropiaciones", dice LyD.
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