Aunque los argumentos aún se analizan detalladamente y el requerimiento aún no se redacta, Chile Vamos ya tomó la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para objetar la glosa de gratuidad en la educación superior, que para 2017 sube 55,2%, sumando $ 747.902 millones para financiar este derecho en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los requisitos.
"Mantenemos que la gratuidad no se puede debatir a través de una glosa, sino que tiene que ser con una ley permanente", sostuvo el diputado que integra la cuarta subcomisión especial mixta de Presupuestos, Alejandro Santana (RN), quien agregó que "los requisitos no pueden ser ideológicos, sino que tienen que apuntar a la vulnerabilidad del estudiante o su familia".
Así, los argumentos son similares a los ocupados el año pasado, cuando el TC falló que el gobierno puede financiar la gratuidad a través de la ley de Presupuestos, pero objetó los requisitos que exigía a las instituciones -no tener fines de lucro y un mínimo de años de acreditación- por considerar que existía una discriminación arbitraria, que atentaba contra el principio de igualdad ante la ley.
La actual glosa de gratuidad establece que "los beneficiados deben provenir de los hogares los cinco primeros deciles de menores ingresos de la población y matricularse en una universidad del Estado o en aquellas que, no siendo estatales, cumplan con exigencias, como el suscribir convenios de transferencia regulados (en el caso de las primeras)". También que "las no estatales y privadas podrán acceder al financiamiento siempre que al 23 de diciembre de 2016, se encuentren acreditadas por cuatro o más años, que sus controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro; y que se encuentren adscritas al Sistema Único de Admisión".
Uno de los asesores de Chile Vamos que trabaja en la petición sostuvo que "se mantiene los vicios de inconstitucionalidad y se mantiene la discriminación. Se sigue tratando a los estudiantes, de idéntica condición socioeconómica, de forma distinta y se establecen requisitos a las instituciones, lo que no corresponde".
Nueva Mayoría: "Lamentable"
En la Nueva Mayoría la respuesta a la casi segura asistencia de la derecha al TC fue unánime. "Es lamentable, porque el resultado es bastante predecible, lo que habla muy mal de la imparcialidad de ese tribunal, que está cuoteado", expuso el diputado de la DC que integra la comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas.
Una opinión similar manifestó el presidente de la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, el senador socialista Carlos Montes, quien pidió a Chile Vamos "tener honestidad intelectual" y los acusó de "abusar" de la mayoría que tienen en el TC, producto, según dijo, "de un error del oficialismo en el nombramiento de José Ignacio Vásquez, lo que inclinó el tribunal hacia la derecha".
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que "no le veo mérito al eventual requerimiento de la oposición", aunque igual solicitó al TC considerar un antecedente que para ella es clave: la ley corta que se tramitó luego del fallo del tribunal, y que permitió a universidades privadas acceder a la gratuidad, como la Universidad Autónoma.
En sintonía, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, recordó que en 2015 se realizaron cambios "de común acuerdo con la oposición", por lo que espera que "en las conversaciones todos nos demos cuenta que estamos dentro del camino que nos trazamos".
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