Uno de los principales focos del protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno y la oposición para despachar el Presupuesto 2023 se relaciona con la inversión pública.
El pacto contempla siete medidas ya activas este año que se extenderán a 2023, con la idea de acelerar la ejecución del gasto en inversión estatal.
Así, se mantendrá vigente el límite de 20% de sobrecostos que se permitirá para adjudicar licitaciones estatales; el índice polinómico en los contratos del Ministerio de Obras Públicas; y un mecanismo de reevaluación “expedita” de proyectos.
Adicionalmente, se creará un comité de seguimiento de la ejecución de la inversión pública, que dependerá de los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social, y que tendrá como foco a las carteras de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Deportes y los Gobiernos Regionales (Gores), entre otros.
Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre enero y septiembre el gasto de capital acusa una caída de 2,7%, de la mano de un gasto en inversión pública que baja 27,5% por menores desembolsos en Salud, Justicia y Vivienda; mientras que las transferencias de recursos de capital aumentan 24%.
Al noveno mes del año se ha ejecutado cerca de 50% del gasto de capital aprobado para el año, desempeño similar al de 2021.
En línea con lo anterior, el protocolo establece que se suplementarán recursos a los Gores en virtud del avance en la ejecución que alcancen al primer trimestre de 2023.
En el Gobierno esperan que esto empuje la baja ejecución que llevan las regiones, que a septiembre solo han gastado 42,6% de lo aprobado por el Congreso, el peor resultado en al menos una década y 11 puntos porcentuales menor a 2021.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señala que lo acordado apunta a subir el gasto de capital en 2023. “Hemos visto que hay factores externos e internos que han hecho especialmente desafiante la materialización de la inversión pública este año y, gracias a las medidas que implementamos, hemos ido asegurando un ritmo de inversión al menos similar al del año pasado y en línea con los históricamente registrados”, dice.
Difícil 2023
En el mercado ven con buenos ojos el conjunto de acciones que buscan acelerar el gasto público en inversión el próximo año, que -según el Presupuesto- crecería 5,5%.
Sin embargo, entre los expertos creen que no será suficiente para contener el descenso esperado en la inversión total en el país.
“No cabe duda que el protocolo es y será muy útil para mantener la inversión pública y evitar que caiga el próximo año. Sin embargo, no hay que olvidar que la inversión pública representa algo así como el 20% de la inversión total, por lo que su aporte será pequeño”, argumenta el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.
“Considerando la incertidumbre tributaria, regulatoria y política, así como la recesión en la que está ingresando la economía chilena y las dificultades específicas a sectores como la construcción y las condiciones más onerosas de crédito, todo apunta a una clara reducción en la inversión en 2023”, dice el economista, quien estima una contracción en torno al 5% en 2023.
La economista del OCEC de la UDP, Carolina Molinare, agrega que el acuerdo va en la dirección “correcta”, ya que mantiene y propone medidas que permiten, agilizan y descentralizan la ejecución de la inversión pública, “en un contexto en el que los insumos para la actividad están más caros”.
Para revertir un retroceso esperado entre 2,5% y 4,5% para la inversión total, Molinare argumenta que un factor clave es la “reducción de la incertidumbre” e introducir medidas orientadas a estimular la productividad, “en especial las asociadas a la inversión, en sectores como el inmobiliario y la construcción”.
La economista de LyD, Macarena García, plantea que las decisiones de inversión privada se toman considerando las perspectivas de mediano plazo, no solo las de un año.
“Para el 2023 todavía se presenta un panorama económico muy incierto, tanto por la parte internacional como nacional. La mayor certeza que se tiene hasta el momento es el alza de impuestos que castiga la inversión (reforma tributaria) y de costos laborales (reforma de pensiones)”, fundamenta.
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