La compleja situación presupuestaria denunciada por los Gobiernos Regionales (GORE) fue la principal razón de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para convocar este lunes al ministro del ramo, Mario Marcel, y a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
En la cita, ambas autoridades fueron interrogadas por parlamentarios de oficialismo y oposición respecto a la situación en que están los GORE, que reclaman que han sufrido retrasos en su ejecución de fondos debido a recortes de gasto o falta de autorizaciones para gastar de parte del Gobierno Central.
Quien primero tomó la palabra fue Marcel, quien recalcó que por el momento el escenario legal de los GORE no es distinto al de otros organismos de la administración central, por lo que deben estar sometidos a las mismas reglas de control presupuestario y de austeridad que otras instituciones.
Aquello podría cambiar, dijo, con el proyecto de ley de rentas regionales, instando a los legisladores a retomar la discusión de esa iniciativa legal.
“Con la reforma constitucional que estableció la elección directa de gobernadores, se establecieron ámbitos de competencia como el desarrollo de fomento de actividades productivas y el desarrollo económico, cultural y social, entre otros”, señaló el ministro.
Sin embargo, agregó que “al transformar las intendencias en Gobiernos Regionales, no se modificaron las atribuciones presupuestarias de los GORE propias de un Gobierno Regional con mayor independencia de la administración central y con un CORE deliberativo en materia de gasto. Lo anterior quedó entregado a la Ley de Presupuestos”.
Por lo tanto, desde 2021 se han incorporado modificaciones a las atribuciones de los GORE a través de las glosas de la Ley de Presupuesto anual, incluyendo en 2024 una serie de restricciones en el marco de las polémicas por las transferencias de platas públicas a fundaciones vía convenios.
Tres explicaciones
A su turno, Martínez recalcó que a noviembre los GORE tienen un saldo presupuestario a su favor de más de $ 310.000 millones, que es la diferencia entre los ingresos que han percibido este año ($ 1.214.495 millones) y los desembolsos que han realizado ($ 903.700.810 millones).
Con esto, desestimó que los Gobiernos Regionales se encuentren en una situación de déficit de recursos o que haya transacciones detenidas debido al recorte de gasto o autorizaciones pendientes desde Santiago.
“El ajuste fiscal no puede ser una explicación para que no se pague una cuenta. El ajuste fiscal ya se hizo”, dijo.
Junto con lo anterior, agrupó en tres razones el retraso de la ejecución de recursos.
El primero se relaciona con administración presupuestaria, ya que hay GORE que no están reconociendo presupuestariamente sus ingresos propios, como por ejemplo el litio o el royalty en regiones del norte.
Lo segundo tiene que ver con el manejo de la caja, ya que muchos GORE no separan de forma correcta sus cuentas para identificar el espacio presupuestario, explicó.
Mientras que la tercera causa son las habilitaciones legales, que se relacionan con restricciones incluidas en el erario de este año 2024 en el marco del caso Convenios y que ralentizan la ejecución presupuestaria.
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