El gobierno se encuentra ultimando los detalles para presentar ante el Congreso el proyecto de ley de Presupuestos 2023, el primero que deberá liderar la administración del Presidente Gabriel Boric.
Hasta el minuto, lo que se conoce del texto es que contemplará un aumento del gasto público entre 4% y 5%, con un foco en las medidas de reactivación económica, políticas sociales, ciencia y medioambiente; que se reducirá en un 30% la cantidad de glosas presupuestarias; y que el gobierno le subirá la vara al acceso de recursos para los programas públicos con una mala evaluación.
Justamente este último es uno de los temas que ha marcado la discusión presupuestaria en los últimos años, con la oposición solicitando sistemáticamente reformular o derechamente eliminar algunos programas que estén mal evaluados.
Un informe elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD) aterriza en número los montos de recursos fiscales involucrados en las iniciativas con algún tipo de calificación deficiente: un 27% de los programas evaluados en 2021 presentaron alguna deficiencia en alguno de los criterios evaluados, destinándose a ellos US$ 14.121 millones, un 4,5% del PIB.
El análisis toma como base los resultados de las dos más recientes evaluaciones de programas: la ex-ante y el monitoreo de la oferta. El primero comprende la evaluación de los programas reformulados o nuevos y la segunda un monitoreo aleatorio de programas.
El objetivo del sistema de evaluación y monitoreo es generar información del desempeño para mejorar su calidad y eficiencia del gasto público, la cual es utilizada como un antecedente relevante al momento de iniciar el proceso de discusión y elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos.
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Las iniciativas por área
El principal objetivo de la evaluación ex ante es determinar si el programa nuevo o reformulado cuenta con un diagnóstico apropiado que permita identificar el problema que se quiere abordar; si sus objetivos son claros; si presenta una correcta implementación de la población objetivo; e indicadores que permitan su posterior evaluación.
Cada programa puede ser recomendado favorablemente (RF) por obtener una clasificación suficiente en todas las categorías de la evaluación; objetado técnicamente (OT), es decir, obtuvo insuficiente en al menos una categoría de la evaluación; y falta de información (IF).
Según LyD, durante el proceso 2021 se determinó que 26 de los 114 programas analizados fueron objetados técnicamente, de los cuales ocho provienen de programas sociales y 18 de no sociales.
"Esto quiere decir que un 23% de los programas nuevos o reformulados evaluados, en especial los no sociales, no estarían cumpliendo con los requisitos fundamentales para su correcto funcionamiento y requiere por tanto de modificaciones para poder cumplir con el propósito para el cual han sido creados", señala el análisis.
Los programas sociales en esta línea son el Fondo de Acción Joven, Creamos, Injuv Vocacional y Transforma País, todos del Ministerio de Desarrollo Social; Captación de familias de acogida de la cartera de Vivienda; Aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional de Educación; Refuerzo atención de urgencia hospitalaria y prehospitalaria de Salud; y Regeneración de Conjuntos Habitacionales, también del Minvu.
Mientras que los no sociales fueron el Programa de educación para el consumo sostenible, factoría creativa, Desarrollo tecnológico e innovación de los IP y CFT a los sectores productivos, Centros de pilotaje y escalamiento productivo, y Escalamiento comercial de desarrollos tecnológicos productivos, todos del Ministerio de Economía; Programa regional de desarrollo de la investigación científica y tecnológica de la cartera de Ciencia; Programa de apoyo a la investigación para la competitividad agroalimentaria y forestal, Apoyo a la comercialización de pequeños productores de trigo, Programa nacional de transferencia tecnológica y extensión, Programa de innovación para el sector silvoagropecuario, Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, Programa impulso, Programa de fortalecimiento caprino lechero de la Región de Coquimbo, y Programa fondo concursable para las organizaciones de usuarios de agua, todos de Agricultura ; Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones del Ministerio de Transportes; y Plan de eficiencia energética sector industria y minería, Plan de eficiencia energética sector transporte y Plan de eficiencia energética sector edificación, todos del Ministerio de Energía.
Mientras que el sistema de monitoreo se busca generar información acerca del desempeño de los programas y entrega importante información sobre las materias a las que se están destinando los recursos públicos.
Este sistema evalúa los programas a partir de los criterios de focalización (determina si la población a beneficiar está dentro de la población objetivo y si los criterios de priorización permiten ordenar a la población), eficacia (mide el cumplimiento de los objetivos planteados), eficiencia (toma en cuenta la ejecución presupuestaria) y también se consideró el contexto sanitario COVID-19 (identifica si el programa se vio afectado).
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De los 699 programas analizados, lo que en conjunto suman un presupuesto de US$ 51.517 millones, se establece que un 27%, 159 programas, presentan alguna deficiencia en alguno de los criterios evaluados, destinándose a ellos US$ 14.121 millones.
Así, 42 programas presentan deficiencias en la focalización, 29 de los 699 reportan deficiencias en su criterio de priorización y 113 tienen formulado su indicador de eficacia en forma deficiente.
A su vez, el 74% de esos programas (US$ 10.484 millones) provienen de la dimensión de educación, donde la subvención escolar preferencial (SEP) y otras subvenciones escolares corresponde al 77% de los programas de la dimensión educación (US$ 8.050 millones) con deficiencias en el indicador de propósito, recalca el documento.
"Hay un importante espacio para mejorar la articulación de la oferta programática al determinar que existen distintos programas que atienden a la misma población y buscan resolver el mismo problema. Del mismo modo, se aprecia un significativo porcentaje de programas con deficiencias en focalización, eficiencia o eficacia, lo que amenaza el cumplimiento del propósito para el cual fueron creados. Es por ello que el Estado debiera seguir reforzando este tipo de procesos y el gobierno debiera reflejar en el Presupuesto 2023 cómo se hará cargo de parte de estas deficiencias", señala LyD entre las conclusiones del documento.
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