Continuando con la discusión de la ley marco de autorizaciones sectoriales en la comisión de Economía en el Senado, este martes se entregaron recomendaciones para mejorar la propuesta de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.
El director ejecutivo del centro de estudios Horizontal, Juan José Obach, mencionó que si bien la oficina es el elemento clave del sistema para mejorar la gestión, todavía no cuenta con “dientes” en el proyecto.
“No se menciona la palabra de agilizar, no se menciona palabras como hacer más eficiente la gestión de los órganos evaluadores y creo que aquí el proyecto se pierde un poco en entregar estas herramientas eficaces para poder agilizar la labor de los servicios públicos”, explicó.
Además, advirtió que, tal como está contemplada, podría tener un potencial traslape de funciones con una eventual Agencia de Calidad de Políticas Públicas, iniciativa del Ejecutivo que también está en tramitación parlamentaria.
Así, entregó una serie de recomendaciones para dotar de dichas herramientas a la oficina.
El primero es que la oficina tenga la potestad de iniciar procesos administrativos, como sumarios administrativos, por ejemplo, a los funcionarios responsables de retrasos sistemáticos.
También, propuso la transferencia de servicios, una herramienta que ya existe en el presupuesto de la Oficina de Grandes Proyectos y contempla cerca alrededor de $ 540 millones para transferir a otros organismos.
“Es una herramienta de coordinación pública muy positiva porque alinea un poco los incentivos. La oficina puede dotar de evaluadores o mejores sistemas, identificar los cuellos de botella de estos servicios y transferir recursos vía convenio y así hacerse cargo de los problemas”, dijo.
Convenio ADP y transparencia
También, recomendó fijar que cada director de los servicios más críticos -como Conaf, SAG, Consejo de Monumentos, etc.- tenga en su convenio de ADP un indicador asociado a la gestión eficiente de los permisos. Asimismo, propone que la Dirección de Presupuestos (Dipres) tenga “amarres presupuestarios” para servicios críticos, donde se condicionen recursos adicionales al cumplimiento de plazos de tramitación.
En cuanto a transparencia, Obach propuso la publicación de información en un portal abierto para el sano escrutinio público de la gestión de los servicios evaluadores. Y frente a los proyectos priorizados, y en base a la experiencia internacional, sugirió que la oficina debería coordinar convenios por proyecto, firmados por todos los servicios públicos involucrados en su tramitación, que establezca una hoja de ruta con plazos, tal como sucede en el caso de Canadá y Estados Unidos.
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