La Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó un nuevo informe trimestral de ejecución del gasto público, en esta oportunidad para el período enero-septiembre de este año, dando cuenta de que continúa el fuerte ajuste en las cuentas fiscales, normalizándose luego de dos años extraordinarios producto de la pandemia.
Así, el gasto total realizado por el Gobierno Central se contrajo un 21,1% en lo que va del año, representando un 17,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del ejercicio.
Esto se compara con un aumento de 30,2% acumulado en el mismo lapso del 2021 si se compara con el 2020.
Según explicó la directora de Dipres, Javiera Martínez, en conferencia de prensa, el resultado obedece a la caída anual del gasto corriente (desembolsos para la operación del sector público), de un 23% real, y del gasto de capital (que considera transferencias de recursos e inversión estatal), de 2,7% real, destacando el menor gasto ejecutado en subsidios y donaciones en comparación con el mismo período del año anterior (41,1% real), junto con la caída anual del gasto en inversión (27,5% real).
En el detalle, subsidios y donaciones registró una disminución de 54% anual por una mayor base de comparación, considerando los mayores gastos de 2021 asociados al Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE), Bono Clase Media, Bono de Cargo Fiscal para Afiliados a AFP y otros subsidios de apoyo por la pandemia, "lo que no se alcanza a compensar con el mayor gasto en 2022 por los beneficios de Subsidio al Empleo (IFE Laboral), otorgados a través del Sence en transferencias corrientes, ni por mayor el gasto para los beneficiarios de la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), ni por el Bono Invierno del Plan Chile Apoya, ni el gasto en transferencia asociado a medidas de contención de precios de combustibles (Mepco).
Los gastos en personal anotaron una baja de 5,8% anual, que se explica principalmente, por un efecto del mayor factor de actualización, considerando que las cifras del año 2021 de ejecución se actualizan utilizando un porcentaje mayor al efectivo otorgado en la Ley de Reajuste; incidido por un menor requerimiento en las contrataciones de honorarios en el Ministerio de Salud para el apoyo a la emergencia y por menores dotaciones efectivas en el Ministerio de Defensa, explicó el informe de la repartición.
En el noveno mes del año, el gasto total se contrajo un 28,4% si se compara con el mismo mes del ejercicio previo, de la mano de una baja de 30,8% del gasto corriente y de 2% en los desembolsos de capital.
A septiembre, se ha ejecutado un 77% del gasto aprobado por el Congreso, lo que contrasta con el 95,2% acumulado al mismo mes del año pasado. Esto se desglosa en un 83% de avance en el gasto corriente y de 49,4% de capital.
El sector público acumula un superávit equivalente a 2,2% del PIB en el año, gracias a la caída del gasto y un aumento de 19,3% de los ingresos fiscales.
Sigue el rezago en las regiones
Martínez recalcó que en los últimos trimestres se ha logrado "acelerar" el ritmo de ejecución del gasto en inversiones del aparato estatal, enfatizando que al tercer trimestre se acercan al ritmo histórico.
En específico, la tasa de ejecución del gasto de capital en el trimestre fue 19,1%, lo que contrasta levemente con el 20,7% entre 2004 y 2021, mientras que en el segundo trimestre esa brecha fue de 5,7%.
De hecho, Martínez agregó que el desempeño del gasto de capital "no presenta una diferencia significativa en lo que va del año, "debido a que la caída de la inversión es compensada en gran medida por el crecimiento de las transferencias de capital".
Esto se explica, dijo la directora, porque este año se implementó una nueva estructura presupuestaria en los gobiernos regionales, considerando que la imputación de las iniciativas de inversión no se registra en inversiones, sino que, en transferencias de capital, lo que explica una "porción significativa" de la reducción de la inversión total con respecto al mismo período en 2022.
"Adicionalmente, el resultado en inversión se explica por una menor ejecución en Vivienda y Urbanismo, Justicia y Salud. El primero responde a retrasos en la ejecución de proyectos, incidido por la escasez y el alza de precios de materiales, lo que ha afectado el avance de la inversión a nivel nacional. En el caso de Salud, se debe al lento avance de obras que afecta a algunas regiones y al aumento en los plazos de entrega de equipos y equipamiento asociados a proyectos por parte de los proveedores producto de la pandemia Covid-19. La situación en Justicia se explica principalmente por el retraso en el trámite de recepción final de las obras de la construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna", señala el informe de ejecución de Dipres.
A la fecha, los gobiernos regionales han ejecutado un 42,6% de su presupuesto vigente, 11 puntos porcentuales inferior a lo registrado en el mismo lapso del 2021.
Según Dipres, se observa una dispersión de 28,5 puntos entre los gobiernos regionales de mayor y menor ejecución acumulada, destacando los casos de Biobío (56,6%), Magallanes (55,3%), Ñuble (53,8%) y Araucanía (51,3%); y en el otro extremo Aysén (28,1%), Arica y Parinacota (29,7%) y Coquimbo (29,8%).
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