La Sala del Senado aprobó este martes el articulado del proyecto de ley que reforma el sistema de nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, dejando fuera del proceso al Poder Judicial como ocurre en la actualidad y dando paso a un nuevo mecanismo vía concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
La normativa -que ahora pasó a tercer trámite a la Cámara de Diputados- busca reducir las barreras de entrada y la discrecionalidad en los nombramientos.
Para ello se propone un proceso de selección de notarios, conservadores y archiveros constituido a través de dos instancias externas al Poder Judicial: el Servicio Civil y el Presidente de la República.
A través de un proceso análogo al previsto para altos directivos públicos, y utilizando instrumentos de evaluación estandarizados, adaptados a perfiles específicos y uniformes para estos cargos, se evaluará también el mérito de los postulantes.
Detalles del procedimiento
El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al Ministro de Justicia los antecedentes académicos y profesionales de los postulantes que ocupen los tres primeros lugares del proceso. Transcurridos 20 días hábiles contados desde la comunicación efectuada por el consejo, se entenderá escogido aquel postulante que ocupe el primer lugar del listado. Si quien encabeza la lista se ubicara en el decil superior de acuerdo al puntaje máximo y el postulante que le siga inmediatamente se encontrare por debajo del 80% de los resultados de las evaluaciones, se entenderá que quien figura en el primer lugar queda automáticamente seleccionado.
Además, se fija en nueve meses el plazo para que los actuales notarios y conservadores con más de 75 años dejen sus funciones para un traspaso ordenado; y será la edad en que terminaran funciones los notarios, independiente si fueron nombrados antes de mayo de 1995. O sea, termina la calidad de vitalicios.
Modelo de fiscalización
Respecto del modelo de fiscalización presencial de los oficios de notarios, conservadores y archiveros, se radica en la fiscalía judicial, dentro de cuyas funciones se encuentra la de vigilar la conducta funcionaria de ministros, tribunales y empleados del orden judicial.
Los notarios, conservadores y archiveros deberán someterse anualmente al examen de auditores externos. Este proceso deberá contener una evaluación de las condiciones de atención al público; la uniformidad de sus actuaciones y diligencias, y su balance y estados financieros.
Se establece la inhabilidad para ser notario o conservador de familiares de autoridades como parlamentarios, de ministros del Tribunal Constitucional y los fiscales del Ministerio Público.
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