"Este no es un delito tributario, es de acción penal pública y es nuestro deber hacer la investigación", indicó el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto a la causa que inició el órgano persecutor respecto a las 437 mil personas que accedieron al Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos.
Aclaro que lo anterior es "sin perjuicio de la forma en que al final busquemos el término de la causa a través de un reproche penal, ejercicio de alguna de las salidas alternativas o aplicar el principio de oportunidad. Ya lo veremos de acuerdo a cada situación en particular".
El fiscal, en una actividad de su organismo a través de las redes sociales, sostuvo que "nos rige un principio de legalidad y cada vez que se comete un delito tenemos la obligación de investigar y las propias leyes que establecen estos bonos señalan que las personas que los obtienen con engaños o por un monto mayor al que les corresponde de hecho es constitutivo de delito. En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando, existirían situaciones en las cuales las personas a través de engaños habrían obtenido este bono o haber obtenido un monto mayor al que les corresponde".
Recordó que "estamos designando a una fiscal regional para concentrar toda la investigación, porque nos vamos a encontrar con muchas situaciones, con que hubo errores, en que simplemente no hubo dolo, y en situaciones más complejas".
Precisó que "los fiscales no podemos anticipar juicios definitivos sin investigar lo que ocurrió, pueden haber situaciones que producto de un mal entendido haya llevado a alguien a solicitar este monto. Seguramente también va a tener un tratamiento diferente las personas que devuelvan ese monto a quienes no, quienes probablemente tengan un reproche penal intenso y los que la devuelvan en una situación diferente, porque si la persona que lo solicitó tiene recursos y no tiene necesidad, el juicio de reproche es más intenso".
En el caso de los más de 37 mil funcionarios estatales que accedieron al beneficio sin cumplir las condiciones, el titular del Ministerio Público indicó que "depende del funcionario público, si es de alto nivel el reproche debe ser intenso, pero si es un auxiliar o un administrativo que producto de la situación se confundió, eso hay que analizarlo".
Reconoció que hay funcionarios de la Fiscalía que solicitaron el bono. "En el caso nuestro vamos a iniciar una investigación administrativa, para saber qué nos dicen nuestros funcionarios y por qué razón cobraron ese bono, y probablemente algunos tengan una explicación y otros no, y esos tendrán algún reproche desde el ámbito administrativo sin perjuicio del reproche penal que corresponda, pero teniendo siempre presente que hay que discernir entre las personas que cometieron este presunto ilícito".
Fiscal Wittwer conforma equipo
Conformando equipo y realizando las primeras diligencias se encuentra la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien fuera designada ayer por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para encabezar la investigación por el caso del Bono Clase Media, en el que 437 mil personas habrían accedido al beneficio en forma irregular.
Wittwer, en sus primeras declaraciones a cargo del caso, señaló que "con fecha 8 de octubre se me comunicó por parte del fiscal nacional la designación para investigar los casos detectados por el SII sobre obtención irregular de los beneficios fiscales para trabajadores independientes y clase media en el contexto de la crisis sanitaria, investigación que en principio comprende más de 400 mil personas incluyendo funcionarios públicos".
Informó que este viernes "se ha estado trabajando en la conformación de un equipo para la tramitación de esta causa y ya se han emitido los requerimientos de información que nos parecen esenciales para esta primera etapa de recopilación de antecedentes. Debido a lo anterior, definiremos en su momento las líneas de persecución que se podrían desarrollar para estos casos".
Agregó que "esta fiscal ha tomado esta labor como una muestra de confianza del fiscal nacional y esperamos cumplir las expectativas de transparencia y celeridad que requiere esta investigación".
Cabe señalar que hasta ayer el SII informó que 15 mil personas ya han restituido el bono y 5 mil han solicitado conocer su situación. El organismo otorgó plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el bono a las personas que accedieron sin haber disminuido sus rentas en 30% en los últimos meses o estar cesantes.
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