El pleno de la Corte Suprema analizó la situación generada por la supuesta influencia que habría tenido el abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de algunos ministros, anunciando que están dispuestos a mejorar el sistema de nombramientos de ministros y jueces.
En un comunicado de prensa, la Suprema partió recordando que la Constitución contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema. Agregaron que corresponde al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación. En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento.
Los ministros reconocieron que están “conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad", por lo que señalaron que esta Corte ha adoptado medidas "en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”, citando que han “afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”.
Por lo tanto, los ministros se comprometieron a que “el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas”.
La Corte afirmó que “se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo”.
Las autoridades concluyeron la declaración señalando que el Poder Judicial “continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia”.
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