Después de que esta semana el Gobierno presentara la esperada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales -conocido como coloquialmente como “permisología”-, que tiene como objetivo reducir los plazos que requiere un proyecto de inversión para desarrollarse, expertos en modernización del Estado han manifestado sus opiniones.
Desde Libertad y Desarrollo (LyD), la investigadora Francisca Toledo comenta que es “interesante” la introducción de la proporcionalidad, asociado al riesgo de la actividad a fin de reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas. Aunque recalca que se deberán precisar cuántas actividades serían beneficiadas y si son flexibilidades que mejoren la ruta crítica para iniciarla.
También, destaca las mejoras en homologar los mínimos de los procesos para obtener una autorización. “Todo eso es bienvenido, pues permite centrar el foco de la administración en proyectos que requieren una mayor atención por la complejidad y envergadura que tienen, liberando recursos y tiempo de revisiones no sustantivas”, señala.
Por su parte, Joanna Davidovich, economista y socia de la consultora Strat, resalta que el proyecto aborda temas relevantes según un diagnóstico “ya muy claro hace tiempo”.
Sin embargo, precisa que es necesario conocer los detalles para saber si las propuestas realmente hacen una reingeniería relevante de los procesos de permisos, generan los incentivos adecuados y modernizan los servicios del Estado para permitir acelerar la ejecución de proyectos, dar mayor certeza jurídica a los inversionistas y hacer más competitivo como destino de inversión.
Además, precisa que todavía falta conocer los lineamientos de la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental.
“Es valioso que se ponga foco en simplificar la permisología, porque Chile requiere reimpulsar la inversión y el crecimiento. Hay que ver que el proyecto realmente se haga cargo de resolver la complejidad regulatoria y que el sistema político le dé la prioridad que requiere, porque han habido esfuerzos de gobiernos anteriores que no pudieron avanzar por falta de apoyo político”, dice.
En el detalle, destacó que se establezcan rutas diferenciadas de tramitación según el riesgo del proyecto y la existencia de una ventanilla digital en que haya transparencia del estado de tramitación.
Preocupación por nueva gobernanza
Entre las inquietudes de las expertas por el proyecto, Toledo señala que “una parte preocupante” es que “ante todo problema que se detecte, no puede ser que la única respuesta sea crear un nuevo servicio público”, refiriéndose al Servicio de Regulación y Evaluación Sectorial, que propone la ley y que tendrá el rol de hacer que el nuevo marco institucional funcione a través de la fiscalización del cumplimiento de las normas de tramitación, el cumplimiento de los tiempos, reportes estadísticos y propuestas de mejoras regulatorias.
“En los hechos serán más funcionarios, para controlar que funcionarios de otras carteras cumplan los plazos que sus leyes sectoriales les mandatan, con los que no habrá relación de dependencia”, indica.
Agrega que el cumplimiento de las normas de tramitación y los tiempos “suena a materias de la Contraloría General de la República, por lo que es necesario conocer en detalle el proyecto”.
Además, en cuanto a sus funciones de reportes de estadísticas y propuestas de mejoras, apunta a que “estos dos motivos no justifican crear un servicio, lo que implicará mayor gasto fiscal, y continuar haciendo crecer el Estado”.
Davidovich, por su parte, señala del proyecto que “parece más complejo” establecer plazos máximos como solución a las demoras en permisos por parte de los servicios del Estado, “ya que varios que tienen plazos que actualmente no se cumplen y hay que ver que los servicios tengan la capacidad de dar respuesta en el plazo”.
También resalta que la reforma no menciona cambio de permisos por autorizaciones ex ante, ni apoyo en revisores externos que podrían ayudar.
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