Una inusual división mostró el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica ante la afirmación de julio referida a si “es necesario decretar un estado de excepción constitucional para enfrentar los problemas de seguridad en la Región Metropolitana”. Mientras un 33% del grupo de profesionales de economistas y no economistas se mostró a favor de la medida, un 30% estuvo en contra y un no menor 23% se declaró neutral.
Yendo al detalle de los resultados de la medición -realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero-, un 54% se manifestó muy seguro de su opinión, en circunstancias de que un 15% se declaró muy seguro y un 15% más o menos.
En una escala de 1 a 5 en grado de acuerdo, el promedio fue de 3,1 para el caso de las mujeres y 2,9 para hombres. En cuanto a seguridad, el promedio fue de 3,9 entre ellos y de 3,3 entre ellas.
Bajo el prisma de la sensibilidad política, el grado de acuerdo promedio fue de 3,2 entre quienes se declaran de centroderecha y de 2,7 entre los de centroizquierda. A su vez, en grado de seguridad el promedio fue de 3,7 entre los primeros y de 3,6 en los segundos.
Contraste con la ciudadanía
La medición del Panel UC se dio en un contexto en que el país se vio conmocionado por la suma de homicidios en pocos días, lo que vino a exacerbar la preocupación de la ciudadanía por la crisis de seguridad y revivió el debate sobre la opción de que las Fuerzas Armadas salieran a apoyar las acciones de resguardo mediante el establecimiento del estado de emergencia planteado por gobernadores, alcaldes y diversos políticos.
Duce indicó que “esta misma situación es probable que vuelva a plantearse ante sucesivas crisis de seguridad”.
Una discusión que el profesor de la Escuela de Gobierno UC y experto en temas de justicia y política criminal, Mauricio Duce, estima que se podría reiterar en el futuro ante nuevos episodios críticos. Esto, añade, “más allá de que el Gobierno, en esta oportunidad, señaló que no está dispuesto por ahora a examinar un estado de emergencia en la Región Metropolitana.
A su juicio, el principal hallazgo en esta ocasión es que el panel “se manifiesta mucho más cauto en el uso de esta herramienta que la población en general”.
De hecho, las respuestas del grupo de referencia se se reparten en tres opciones -con sola una leve ventaja a favor- contrastan con lo exhibido por dos encuestas en los últimos días, que mostraron que entre 67% y 68 % de los consultados respaldaron la opción de un estado de excepción constitucional.
Fotos: Julio Castro y Archivo
“Me parece que al narcotráfico y crimen organizado debe resolverse siguiendo la ruta del dinero”.
Ximena Abogabir, Fundación Casa de la Paz.
“Si bien un estado de excepción permite usar las FFAA en tareas de control de orden público, no es clara su utilidad frente al tipo de delincuencia que enfrentamos en sectores urbanos y con densidad poblacional”.
Alejandro Ferreiro, Observatorio del Gasto Fiscal y Chile Transparente.
“Dada la gravedad de los sucesos (además de otras medidas y del respaldo político cerrado al Estado de derecho (...), puede usarse el estado constitucional de emergencia, como ha ocurrido en la macro zona sur, y que ha dado resultados al efecto”.
Natalia González, Investigadora en Faro UDD.
“Una decisión de esta envergadura debe estar bien fundamentada y clara en propósitos, medios, y tiempos”.
Paulina Saball, exMinistra de estado y exdelegada presidencial.
“Tomar una medida como el estado de excepción, que tenderá a ser extensa en el tiempo, debilita el rol permanente de las FFAA y eso tendrá efectos negativos en el mediano plazo. Lo razonable es fortalecer las capacidades policiales”.
Sebastián Soto, Facultad de Derecho UC.
“La excepción constitucional puede ser un elemento, pero sería lamentable que se creyera que con eso basta para controlar el problema”.
Lucía Santa Cruz, directora de empresas y profesora universitaria.
“En México la respuesta militar contra el narco fue un fracaso, se requieren acciones inmediatas con políticas preventivas de mediano plazo”.
Cristian Rodríguez, Instituto de Políticas Públicas UC del Norte.
“En las encuestas de opinión la gente responde con alto nivel de acuerdo, lo que obedece a la necesidad de que haya medidas que puedan ser efectivas, mientras que los panelistas tienen más capacidad de discriminar que esto es una medida más extrema y que antes hay otras etapas que agotar”, sostiene.
Duce manifiesta que cuando se analizan los comentarios de los panelistas en desacuerdo o en posición neutral, “esa opinión se basa en que hay evidencia que muestra que esta es una medida en que hay dudas si tiene capacidad de ayudar en el problema”.
Desde su prisma particular, existe evidencia en América Latina respecto a en situaciones similares no necesariamente este tipo de acciones “van a ayudar a resolver los problemas que se quieren enfrentar”.
El académico también hace ver que varias de las opiniones del panel se inclinan porque “el tema central debe pasar por el fortalecimiento de las policías más que el involucramiento de las Fuerzas Armadas, porque eso es un poco lo que se quiere favorecer con el estado de excepción”.
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