No exento de dificultades ha sido el interés de la ciudadanía por acceder a información que se asume pública. De hecho, la labor del Consejo para la Transparencia (CPLT) en pos de facilitar ese camino -operativo desde 2009- generó 388 acciones judiciales, entre reclamos de ilegalidad, recursos de queja y reclamos de inaplicabilidad de parte de las entidades a quienes se les exigió algún tipo de antecedente.
Dicha cifra representa un alza de 128% frente a 2019 y un 26% del total del registro de la última década.
Desde el CPLT explican que el año pasado un cuarto del total de acciones judiciales correspondieron a reclamos de ilegalidad, con un aumento anual de casi 150%.
Este hecho, señalan, responde al incremento que han registrado en los últimos años tanto la cifra de solicitudes de acceso a la información como el número de amparos presentados ante el Consejo para la Transparencia tras la negativa de los organismos a la entrega de la información solicitada.
Adicionalmente, esta tendencia al alza podría vincularse con requerimientos sobre temáticas nuevas, lo que podría derivar de una ciudadanía más informada sobre los usos de la Ley de Transparencia para acceder a otros derechos, como salud, pensiones y ambiente libre de contaminación, entre otras demandas.
La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, destaca que sólo en 2019 y 2020 se concentra un 35% de los reclamos de ilegalidad que se han presentado desde 2009.
“Las interpretaciones de las causas son complejas de definir. Podría responder a la ampliación de temas o ámbitos sobre los cuales se está pidiendo información, también a una tendencia a limitar el acceso a la información sobre algunas temáticas”, afirma.
La áreas requeridas
Respecto a las instituciones que han impulsado una mayor cantidad de acciones judiciales en contra de una decisión del CPLT (reclamos de ilegalidad), destacaron en 2020 por ejemplo organismos asociados al área pesca y acuilcultura (Servicio Nacional de Pesca y Subsecretaría de Pesca).
Desde la instancia protransparencia sostienen que “estas acciones se vinculan a amparos presentados ante el Consejo por acceso a información sobre aspectos de la industria salmonera, tales como: enfermedades que atacan a los salmónifos y antibióticos que se utilizan en la actividad acuícola”.
En los casos antes mencionados, la denegación de información por parte de las entidades públicas deriva de la oposición de terceros interesados en un procedimiento de amparo. Aunque precisan que si bien Sernapesca, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Superintendencia de Salud, figuran en los primeros lugares del ranking del año 2020, “se debe precisar que no son dichos organismos requeridos de información los que han reclamado de ilegalidad, sino que como ya se adelantaba, los terceros interesados, esto es, empresas del sector privado fiscalizadas por dichas instituciones públicas”.
En el caso de la institución del ámbito sanitario, las acciones involucran principalmente a terceros ligados con el ámbito de las Isapres y farmacias.
En el caso del Servicio de Impuestos Internos (SII), la información solicitada se refiere mayoritariamente a contribuciones de bienes raíces y donaciones.
En el sexto lugar del ranking aparece la Superintendencia de Pensiones, con amparos relacionados con información de AFP.
En las acciones vinculadas a la exSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las reclamaciones se relacionan con solicitudes de información sobre antecedentes de instituciones bancarias.
En cuanto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los cuestionamientos se vinculan a amparos por acceso a datos estadísticos.
Sobre los resultados de estas acciones, el 87,8% de los fallos de las Cortes de Apelaciones favorecen al CPLT, es decir, se mantiene la decisión adoptada por éste (incluye sólo fallos asociados a reclamos de ilegalidad).
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