Lo repiten dirigentes conocedores del conflicto en La Araucanía de diferentes sectores políticos, incluidos oficialistas: la violencia en la Macrozona Sur ha mostrado el fracaso de la política. Es la política –todos los últimos gobiernos, a excepción del de Patricio Aylwin, probablemente– la que ha perdido unas y otras oportunidades, por consecutivas promesas incumplidas. Porque siempre el conflicto étnico ha estado en último lugar, como ocurrió en el debate constituyente y los escaños reservados, que quedaron para el final. El principal trasfondo sigue siendo el mismo luego de 140 años, explican: la restitución de las tierras.
Pero en un escenario de conflicto que va subiendo en intensidad desde 1997 a la fecha –donde hoy se denuncia la presencia de crimen organizado, el robo de madera, el narco, el anarquismo–, ¿sigue siendo el diálogo político el que debe encontrar una salida a una situación que parece insostenible, con grupos armados que a diario intimidan, incendian y disparan?
Existen los que apuntan a solucionar con urgencia el problema a través de mayor dotación policial, el restablecimiento del Estado Derecho y un nuevo trato político (con asuntos no concretados por décadas como el reconocimiento constitucional, pero que a estas alturas de 2021 ha avanzado hacia la demanda de la autodeterminación). Se ha instalado el debate sobre la necesidad de decretar un Estado de Sitio como camino para lograrlo, con un papel activo de las Fuerzas Armadas. Restringiría el derecho a reunión y locomoción en la zona y permitiría arrestar a personas en sus moradas.
Existe otro mundo, en tanto, que duda de la eficacia de esta medida. Porque luego del Estado de Sitio por 15 días, que puede ser prorrogable, ¿qué etapa viene?, se preguntan. Entre dirigentes del mundo mapuche -tanto oficialistas como de oposición– predominan los que no confían en las estrategias basadas preferentemente en la militarización que se ha desplegado desde los gobiernos de centroizquierda, porque han fracasado. No ayuda la crisis de legitimidad en que están envueltas las policías, sobre todo desde las revueltas sociales de 2019.
Rodrigo Delgado ministro del Interior.
Pero la temperatura sube con los días en la zona, como las mismas posiciones se polarizan. Existe un proceso constituyente en curso que podría ayudar a encauzar determinadas demandas, pero no resolverá el problema de fondo: las tierras. La nueva Constitución ayudaría a descomprimir, porque existen amplios acuerdos en el mundo mapuche, traspasando las barreras partidarias. Porque incluso indígenas que son candidatos a la constituyente y que son cercanos a los grupos que defienden la violencia han apostado por la institucionalidad. Pero la nueva Constitución se trata de un camino no inmediato, como la misma reforma de las propias policías. Las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur parecen haber perdido la paciencia y, de paso, la confianza. Porque -desde donde se mire- la confianza hacia el Estado, el gobierno de turno y las autoridades está rota cuando se habla del conflicto en el sur.
El Ejecutivo de Piñera lo tiene extremadamente difícil. Le vuelve a explotar en la cara una crisis que ha sido catalogada por algunos como el mayor problema del país en décadas. Revienta a pocos días del 11 de marzo, el último aniversario que marca el último año del mandato. Justamente cuando el gobierno, gracias al proceso de compra de vacunas, ha tenido su primer gran respiro en meses y un aumento inesperado, aunque leve, de la popularidad del Presidente.
Para un gobierno de derecha, la seguridad resulta fundamental, como la economía. Pero el reciente llamado de Piñera a un Acuerdo Nacional resuena a palabras vacías para parte de los protagonistas del conflicto en el sur de Chile (los dirigentes de los agricultores, las forestales, las comunidades mapuches). Fue este mismo gobierno el que en el arranque, en 2018, presentó el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que fracasó pronto pese a los esfuerzos del ministro Alfredo Moreno por generar confianzas y mostrar disposición (lo que no era poco, dada la historia infructuosa).
En la Macrozona Sur existen serias dudas de que en esta ocasión tenga éxito un proceso que no ha logrado resultados en décadas. El Gobierno –presionado en una zona donde siempre ha sido fuerte la derecha– está en su último año en el poder, tiene por delante un 2021 electoral, se encuentra en medio de un proceso constituyente y políticamente, se encuentra debilitado, a diferencia de 2018. El actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ¿tendrá la fuerza y la decisión para abordar el asunto que no ha tenido ninguno de sus antecesores?
La crisis de confianza en este conflicto tiene una historia larga que trasciende el caso Catrillanca, que terminó por tumbar los intentos de Moreno. Actualmente, Chile –lo reconocía el senador Francisco Huenchumilla esta semana- parece no tener dirigentes que cuenten con la confianza de las partes para buscar una salida a una crisis que se complejiza, ante la denuncia de la ausencia del Estado. Parecen no existir figuras ni en la derecha ni la oposición de la estatura que la realidad requiere y determinadas instituciones, como la Iglesia Católica, enfrentan sus propias crisis.
El Presidente, por desgracia, no cuenta tampoco con la credibilidad necesaria. Entre los candidatos a La Moneda que se han pronunciado se observa, sobre todo, el interés supremo de que el conflicto se solucione antes de que se inicie el próximo mandato en marzo de 2022, lo que parece poco probable.
En ese escenario, no sería raro que La Moneda designara a un delegado o encargado, intentando generar un efecto distinto al que consiguió con Cristián Barra, luego de la presión de Evópoli. Será parte del nuevo intento frente al último zapato chino del Gobierno, que de zapatos chinos sabe demasiado.
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