En el marco de la discusión en la comisión de Constitución del Senado del proyecto de ley que moderniza el sistema de nombramientos y regulación del sistema de notarios y conservadores, el Colegio de Abogados expuso los seis puntos que a su juicio se pueden mejorar de la iniciativa legal.
El consejero del gremio, Paulo Montt, inició su exposición señalando que “hay un amplio consenso al interior del Colegio de Abogados que el actual sistema de nombramientos tiene serios problemas de transparencia y discrecionalidad creemos que el proyecto avanza en algunos aspectos, pero mantiene defectos del sistema actual”.
Agregó que "creemos que el sistema puede ser engorroso” porque involucra participación de cinco entes: Corporación de Asistencia Judicial, Academia Judicial, Corte de Apelaciones, presidente de la República, y el Consejo Resolutivo de Nombramientos. Por eso plantean separar la función de nombramientos de la función de fiscalización “creemos que es inconveniente que el que nombra fiscalice”, aseguró.
También valoró la creación del Consejo de Nombramientos: “Es positivo que se incorpore a decanos y quizás se puede involucrar a otros profesionales con experiencia en la materia”, agregó el representante, señalando también que “compartimos que el Poder Judicial debiera quedar al margen, no por quitarle facultades, sino que porque hoy se distraen muchos recursos humanos en labores que poco tiene que ver con la labor jurisdiccional”.
En fiscalización señaló que “poco tiene que ver el Poder Judicial con las visitas y permisos de los notarios para poder ausentarse. Creemos que todo eso debiera estar regulado en un organismo autónomo como un superintendencia”, precisando que donde debiera intervenir la Corte Suprema es en las sanciones.
Precios y digitalización
Sobre las tarifas que cobran los notarios, Montt dijo que “por regla general las regulaciones de precios estimamos que no son positivas, pero en este caso creemos que hay buenas razones para haya algún tipo de regulación de precios”, y que comparten la preocupación de la Asociación de Notarios de que hay un arancel que tiene 25 años y no se ha reajustado.
Puntualizó que adaptar las tarifas puede generar un costo político y “probablemente a ningún gobierno le es cómodo actualizar los aranceles. Será acusado de favorecer a los notarios, por eso creemos que la fijación de tarifas debiera estar a cargo de un panel de expertos”.
Sobre los fedatarios, Montt indicó que “se habla mucho, el origen está en un estudio de la FNE, pero lo curioso es que la misma Fiscalía lo toma como una solución transitoria, sin ocupar esa palabra, pero dice que es para un periodo de adecuación”. Señaló que “han proliferado herramientas tecnológicas, con suficiente certeza que hacen innecesario recurrir a esta figura, respecto de la cual no hay experiencia en Chile y no hay claridad a qué estándares van a estar sujetos”.
Montt indicó que “lo que proponemos es que en aquellos casos en que existan herramientas tecnológicas que permitan dar suficiente fe de lo que se certifica, eso con ciertos requisitos o estándares que permitan evitar fraudes y un sistema de certificación de plataformas, y con un régimen de sanciones para quien haga trampa”.
También se manifestaron contrarios al repositorio digital: "No estamos de acuerdo, no nos parece una buena idea, creemos que debiera avanzarse en sistemas de eficiencia y calidad de servicio y avanzar en digitalización en vez de crear esta figura”.
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