Un total de 18 iniciativas serán la prioridad en la agenda legislativa que el Gobierno impulsará en el Senado y la Cámara de Diputados durante el inicio de 2021. Así se desprende de la nómina llamada "plataforma clase media protegida y red de protección social" que definió el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, junto al subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, junto a los titulares de las carteras sectoriales.
Este trabajo irá en paralelo con "la hoja de ruta" que delineó la semana pasada el presidente de la República, Sebastián Piñera, para los próximos catorce meses, la cual estará marcada por diversas iniciativas relacionadas con la pandemia y el proceso constituyente.
El listado, según explicó Ossa, incluye la reforma al sistema de pensiones, que ha estado en la comisión de Trabajo del Senado a la espera de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y la oposición.
A lo anterior, explicó, se sumarán el próximo año otras materias que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas a través de reformas en temas tan importantes como salud y el proyecto de modernización del sistema notarial.
En seguridad, Ossa explicó que buscrán tanto mejorar la legislación vigente como las herramientas y accionar de las fuerzas de orden.
"Con la colaboración del Parlamento, deseamos lograr grandes avances en estas áreas que no pueden seguir esperando", sostuvo el personero, aunque reconoció que "estamos conscientes de que en medio de un periodo electoral como es 2021 necesitaremos redoblar esfuerzos".
De todas formas, expresó su confianza en los parlamentarios de los distintos sectores entenderán las urgencias y "encontraremos los puntos de encuentro necesarios".
Los otros proyectos son el que establece el Sistema Red Integral de Protección Social, el que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección en el sector público y reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal.
Educación y seguridad
La prioridades también contemplan el establecimiento del kínder obligatorio, el cual involucra un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia; y el proyecto que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna.
En el área de seguridad se incluyen proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, además del que modifica el sistema registral y notarial en aspectos orgánicos y funcionales.
En este mismo ámbito se cuentan las iniciativas que modifican el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad de Gendarmería de Chile; cambia la ley sobre control de armas, y otras disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales; suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas; protección de datos personales.
La reforma a Carabineros se une al listado de temas definidos como relevantes, así como el proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica; y el que crea el servicio de reinserción juvenil.
Diputados DC piden sesión especial por fallo del TC
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana anunció ayer que solicitará una sesión especial de la Cámara para debatir sobre "las implicancias y efectos que tiene el fallo del TC que declaró inconstitucional la reforma presentada por parlamentarios de oposición para permitir el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP".
Según el jefe del comité, Daniel Verdessi, "se establece una peligrosa inseguridad jurídica, afectándose, además, las facultades del Congreso".
El diputado Matías Walker agregó que queda en "entredicho" la facultad del Congreso de poder aprobar reformas constitucionales en este periodo en que se redacte la nueva carta fundamental. Esto, aseguró, porque "hace depender cualquier reforma constitucional de la firma de un Presidente de la República que está con un 7% de aprobación"
Agregó que la decisión del TC genera inseguridad jurídica, "es decir, sí se puede afectar el derecho a la seguridad social, cuando es iniciativa del Gobierno, pero no cuando sea iniciativa parlamentaria".
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