En junio ingresaron al Congreso dos proyectos de ley que forman parte de la agenda de probidad de la administración Boric: Lobby 2.0 y el que regula de mejor manera los conflictos de interés. Ambos son considerados como fundamentales por la subsecretaria de la Presidencia, Macarena Lobos, para elevar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Que el interés general sea efectivamente el que está en la base de la toma de decisiones, en la formulación de las políticas públicas”, dice.
El primero, parte del programa de gobierno, fue ratificado en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que se trabajó con distintos actores, incluida la OCDE.
“Con esta nueva propuesta normativa nos estamos poniendo a la vanguardia de la regulación de estas materias, con normas que también la OCDE se está actualizando”, añade junto con destacar la positiva acogida a la propuesta. “Esperamos avanzar en su pronta tramitación”, añade.
“El informe de la OCDE nos deja bien posicionados, pero sin duda es importante seguir avanzando”.
“Siguiendo el criterio que ya fijó la contralora subrogante (...), el objeto de la reunión es lo que determina si es lobby”.
-¿Se le entregan nuevas atribuciones al Consejo para la Transparencia?
- En el caso del proyecto de lobby en particular, eliminamos la distinción que existe en la Ley vigente entre lobistas y gestores de intereses, y, paralelamente, creamos una nueva figura del representante calificado que es esta persona natural o jurídica que en un semestre, tiene más de siete audiencias. Aquí lo que hace efectivamente el Consejo para la Transparencia es verificar esa calificación y hay una obligación adicional respecto a estas personas de la información que tienen que proporcionar tanto al Consejo para la Transparencia como en su página web.
Por eso, también el proyecto de ley lleva un informe financiero que fortalece con dos profesionales al Consejo para la Transparencia y el software del mismo para que puedan asumir estas nuevas tareas.
- ¿Qué tan al debe estábamos con la legislación del lobby que cumple 10 años?
- Nosotros teníamos una legislación que estaba estructurada sobre el sujeto pasivo más que el sujeto activo, que fue una innovación respecto a lo que es la regulación mundial a nivel de lobby.
El informe de la OCDE nos deja bien posicionados, pero sin duda es importante seguir avanzando. Había espacio de mejora importante y nosotros lo estamos acogiendo, no solo, por ejemplo, en el tema de los sujetos de lobby calificados, sino también en innovación de buenas prácticas, como por ejemplo, la agenda pública en que ya estamos avanzando como una buena práctica, pero que ahora lo institucionalizamos y lo estandarizamos para todas las autoridades.
Es una innovación muy relevante, porque hay que distinguir aquí también que no toda reunión con particulares es lobby, pero es importante también que las autoridades puedan transparentar su agenda cuando se reúnen, aun cuando no sea lobby.
- ¿Qué quiere decir que no todas las reuniones?
- Siguiendo el criterio que ya fijó la contralora subrogante en su dictamen de inicios de año, el objeto de la reunión es lo que determina si es lobby. Si el objeto es para incidir en la toma de decisiones de las autoridades, eso es lobby. Y lo que dijo la contralora subrogante es que si la reunión tiene ese objetivo, da lo mismo si es en horario de oficina y el lugar.
Pero puede haber una serie de reuniones que no teniendo por objeto incidir en la toma de una decisión específica, nos parece que es importante que igualmente sean transparentadas a la ciudadanía.
- ¿Entran a ser parte de la de la legislación del lobby los asesores presidenciales y los que integran las comisiones asesoras que extrañamente no eran parte?
- Sí, aquí hay dos innovaciones bien importantes. Por un lado, se actualiza la normativa respecto a lo que ya hizo la contralora subrogante respecto a su dictamen de ampliar tanto al nivel central como al nivel regional, muchas autoridades; y, adicionalmente, dos áreas importantes: las comisiones asesoras presidenciales, que tienen una labor muy importante, porque si bien no son vinculantes, como su nombre lo dice, brindan asesoría al Presidente de la República para la toma de decisiones importantes (...); y, por otro lado, los nombramientos de origen presidencial, pero que van a ratificación del Congreso y, en este caso, también se incluye que todas las acciones que se ejerzan para incidir en ese nombramiento tienen que quedar registradas al alero de esta ley.
-En los cambios a la normativa de conflictos de interés, ¿qué modificaciones hay en el fideicomiso ciego?
- Hay innovaciones en tres dimensiones. En primer lugar, se posibilita la incorporación voluntaria de los parientes del Presidente de la República. También se establece que la inversión del producto de la liquidación de los valores del fideicomiso se efectúe en un índice bursátil internacional y se fijan limitaciones respecto a quienes pueden ser nombrados mandatarios.
Por último, quisiera relevar otra innovación que se incorpora en el proyecto que previene los conflictos de intereses, que es una modificación al Código Penal que establece esta inhabilidad perpetua para ejercer cargos u oficios públicos a las personas que hubieran sido condenados por delitos funcionarios, como el cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y la negociación incompatible.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
OCDE
