El informe donde la Contraloría General de la República constató que más de 25 mil funcionarios públicos mal utilizaron licencias médicas para viajar fuera de Chile “no ha dejado títere con cabeza”. Y como no, si son más de 700 instituciones, servicios y empresas públicas con casos.
Sin embargo, el problema es de larga data, y así lo entienden los integrantes del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, instancia integrada por expertos de distintas áreas y sensibilidades políticas.
La medición, realizada en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero, le pidió pronunciarse a los integrantes respecto a la siguiente afirmación: “La política pública de licencias médicas tiene serios problemas de diseño e implementación, y debe ser reformada a la brevedad”.
¿La respuesta? Un 86% de los integrantes se mostró muy de acuerdo, un 10% de acuerdo con dicha frase, y un 3% neutral. Nadie estuvo en desacuerdo.
“Los problemas de diseño son severos (...) el pago por el monto total de la remuneración, y por plazos que no tienen tope. Si a eso se suma la escasa fiscalización y la falta de consecuencias, los efectos son aún más complejos”. Natalia González, Presidenta del Consejo para la Transparencia.
En una escala de 1 a 5, el respaldo ante el planteamiento en la centroizquierda llegó a 4,9 (ver infografía).
“Esta medición es pos escándalo, pero hay que recordar que desde 2021 venimos con varias noticias recurrentes sobre médicos siendo sancionados por sobre emisión. Personas que tenían negocios alrededor de la venta de licencias médicas, publicando en redes sociales, vendiendo licencias y a distintos precios según los días que recetaban”, plantea Pablo Celhay, profesor de la Escuela de Gobierno UC y del Instituto de Economía UC.
Como autor de investigaciones sobre este tema, el académico señala que hay varios cambios que podrían reducir el mal uso de las licencias, tanto desde el punto de vista de los profesionales de la salud como de los pacientes.
“Es necesario abordar los temas relativos a transparencia (emisión y control); pero también los relativos a institucionalidad y, los relacionados con prestaciones en el sector privado y público”. Paulina Saball, exministra de Vivienda.
Las ideas
“Este problema tiene dos caras. No son solamente médicos que cometen fraude, los datos también muestran que hay un comportamiento medio de shopping por parte de los pacientes y cotizantes. Es decir, van donde un médico y si no le dan licencia se mueven a otro hasta que se la den”, dice.
Dadas estas dos aristas, Celhay ejemplifica que, por un lado, se pueden poner restricciones a los cotizantes. “Si alguien lleva, por ejemplo, cinco licencias médicas de 30 días en un año por salud mental y no ha tenido ninguna consulta a un psiquiatra, eso podría levantar alguna alarma. No estoy diciendo que se le prohíba a la persona, pero sí se podría pasar el caso a la Compin o al regulador, para que ponga un poco más de ojo a esa persona”.
El experto también plantea que se podría avanzar en un sistema tipo “ficha única electrónica”, donde a los médicos se les muestre el historial de licencias médicas que tiene el paciente, para que dicha información ayude al profesional de salud a tomar una mejor decisión respecto al reposo médico.
“Las licencias médicas son el síntoma de un problema más profundo del estatuto administrativo de los empleados públicos”. Sylvia Eyzaguirre, investigadora en área de educación del CEP.
Otra sugerencia es avanzar en un esquema que “alerte” a los profesionales que están superando los niveles promedios de emisión de licencias. De hecho, en Chile se han realizado planes piloto con esta última idea. “Es un sistema barato de implementar, cuando se realizó en 2020, las licencias en este grupo de médicos se redujeron entre 15% y 17%”, opina.
Con todo, el experto coincide en que se requieren varios cambios y de forma urgente. “Debemos tener una política un poco más armónica, y que haya interoperabilidad entre los distintos instrumentos. Mientras no entendamos el problema, que es un problema de diseño que tenemos del sistema de seguridad social, no vamos avanzar”, concluye.
“En la práctica, el sistema de salud en Chile financia en exceso el reposo y le resta recursos a otros objetivos que merecen mayor prioridad. La generosidad del Subsidio por incapacidad laboral (SIL) incentiva su abuso”. Alejandro Ferreiro, presidente Chile Transparente.
“El seguro está mal diseñado. En general, un buen seguro equilibra restricciones del lado de la demanda y de la oferta. Acá el centro son las de oferta. Se requiere un copago”. Claudio Sapelli, profesor FARO UDD.
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