Por C. Torres / R. Carrasco
Los diputados Gustavo Hasbún (UDI) y Fuad Chahín (DC), coincidieron en que la activación del Sistema de Estabilización de Precios de los Combustibles (Sipco) tras un cambio de parámetros por parte del Ministerio de Hacienda demuestra que el sistema está siendo utilizado “políticamente”, porque no había sido usado en nueve meses, a pesar de que el precio de los combustibles se ha incrementado en forma importante.
El parlamentario gremialista, que encabeza una campaña para terminar con el impuesto específico, indicó que lo ocurrido esta semana “demuestra que el Sipco no es un elemento objetivo en que se utilice cuando haya alzas importantes como se planteó originalmente, sino que queda a la voluntad política del gobierno de turno y me parece que eso es un error”.
Señaló que de esa forma “no se soluciona el problema de fondo. No es posible que el Sipco tenga que operar dependiendo de cómo se levante el ministro de Hacienda, no corresponde que una persona determine el costo del litro de bencina en todo el país”.
A su juicio, se confirma que el Sipco es un sistema poco transparente, poco claro y que está a voluntad del ministro de Hacienda que lo utilizó políticamente”.
En tanto, el diputado Chahín manifestó que dado lo sucedido con el cambio de parámetro “lo honesto que debe hacer el gobierno es reconocer que el Sipco es un fracaso, que desde mayo de 2011 no operaba y que tuvo que cambiar los parámetros que el propio gobierno había fijado para que operara respecto de $ 13, es decir, con un impacto muy menor, cuando el aumento del precio de los combustibles en el último año, ha sido muy superior a eso”.
Sostuvo que “más bien esto parece una maniobra política a raíz de las movilizaciones de Aysén donde efectivamente, el precio de los combustibles es uno de los elementos centrales”.
Explicó que lo que corresponde es disminuir el Impuesto Específico y por eso llamó al gobierno “a mirar una medida más global, porque no es posible la disminución del impuesto al diésel que existe para la minería y las termoeléctricas y que la clase media pague el impuesto específico a los combustibles, o ponemos un impuesto parejo diésel y bencinas para transporte o industrial, o pensamos en una eliminación de este impuesto específico”.
Hacienda defiende el mecanismo
A primera hora de ayer, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aclaró que el Sipco entró a operar esta semana dentro de los márgenes que establece la ley y descartó cualquier falta de transparencia en los métodos aplicados.
“No hay ninguna falta de transparencia y todo está dentro de lo que la ley permite. Los cambios son totalmente transparentes”, subrayó el titular de Hacienda.
En esa línea, el secretario de Estado recordó que, gracias a este sistema, el alza de los combustibles aplicado ayer, fue sólo de
$ 1 promedio y no de los $ 14 proyectados por los analistas.
Luego, tras ser consultado, por las críticas de diversos expertos, quienes sostienen que el impuesto específico a los combustibles no es una buena herramienta y que debe ser rebajada o de pleno eliminadas, el titular de Teatinos 120, fue enfático en descartar este tipo de iniciativas.
“No vamos a eliminar el impuesto específico a los combustibles, ya que es un gravamen que en un 70%, lo pagan los quintiles de mayores ingresos”, dijo el titular de Hacienda.
Asimismo, el ministro Larraín dijo que el Sipco ha operado “dentro de lo que ha sido posible hacer y, hasta hace muy poco, no teníamos la posibilidad de actuar”.
Respuesta de experta
Consultada por los dichos del ministro, la economista de Econsult, Michele Labbé, afirmó estar de acuerdo con los argumentos ministeriales, pero a su juicio, falta objetividad para decidir cuando se cambian los parámetros.
“Estoy 100% de acuerdo con él (ministro Larraín), lo que yo encuentro es que el Sipco no es objetivo, ya que en el fondo para decidir cuando se cambia un parámetro tú no necesitas tener una justificación y eso es lo que hace que el sistema se poco objetivo y se critique”.
Para Labbé, el Sipco es transparente porque efectivamente se informa, pero no se hace antes, se realiza sólo después de haber concretado el cambio, sostuvo la experta.
“Más que falta de transparencia, en eso tiene razón el ministro, lo que hay es falta de objetividad en lo que vienen haciendo los parámetros, y eso es absolutamente legal, porque la ley lo permite, pero no significa que no sea subjetivo”, explica la economista de Econsult.
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