Por Cristián Torres E.
“Santiago no es Chile” es una frase que a esta altura parece un cliché, pero el gobierno se ha empeñado en que se haga realidad a través de lo que llaman una “revolución descentralizadora”. Lo anterior, afirman desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se concretará traspasando poder efectivo a las regiones y a los municipios a través de la transferencia de funciones, atribuciones y recursos, desde el gobierno central a los Gobiernos Regionales (Gores) y municipios.
Este plan surge en medio de las manifestaciones en la región de Aysén que ha acaparado la agenda del gobierno. Ante esta situación, el encargado de la Unidad de Políticas Públicas de la Segpres, Carlos Kubik, señala que “ahí la política es integral y se aplica a todas las regiones (...) En el caso de Aysén, Magallanes o Arica, el gobierno ingresó un proyectó bien potente respecto de las zonas extremas, para ampliar los beneficios tributarios que existían”. Dicho proyecto, agrega, busca fomentar la inversión.
Asimismo, Kubik afirma no estar al tanto de los requerimientos que se exigen en Aysén, “pero se analizarán cada una en su mérito. Es algo que está viendo el gobierno, revisando las peticiones y como se puede trabajar con ellas”.
Plan de trabajo
El plan de trabajo que ha desarrollado el gobierno contiene tres ámbitos: fiscal, administrativo y político.
En el ámbito de la descentralización fiscal, el objetivo es la autonomía en la asignación de recursos.
Para ello, afirmaron desde Segpres, se ha traspasado a los Gores y municipios, mayores recursos económicos de libre disposición, permitiéndoles disponer de dichos fondos, según las necesidades locales.
En tanto, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que es el principal instrumento financiero de los Gores, “los recursos de este fondo se han incrementado en el año 2011, a pesar de haber presentado una leve baja en términos reales en el año 2010, debido al terremoto”, afirma Carlos Kubik.
Además, se puso en marcha el Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR), que fue creado a partir de la reforma al Impuesto Específico a la Minería de 2010 (Royalty), que entrega recursos a las diferentes divisiones políticas de Chile para que financien exclusivamente obras de desarrollo. Se aprobaron además, incentivos a la inversión y a la mano de obra hasta el año 2025 para las zonas extremas del país, agrega.
Sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que es el principal mecanismo utilizado para redistribuir recursos de las comunas más ricas a las más pobres, constituyendo parte fundamental del ingreso de éstas últimas, desde la Segpres sostienen que en los últimos dos años de gobierno, el aporte fiscal a dicho fondo ha aumentado considerablemente y la distribución de dicho aumento ha respondido a la proporción que cada comuna tiene de propiedades exentas del impuesto territorial, también llamado “contribuciones”.
Respecto de la descentralización administrativa, se ha comenzado un proceso gradual de transferencia de competencias hacia las autoridades regionales y comunales junto con la capacitación del capital humano existente en los gobiernos subnacionales, para que puedan enfrentar estas nuevas responsabilidades.
Dicha transferencia se ha hecho en dos funciones clave para el desarrollo regional: la planificación del desarrollo regional y el ordenamiento territorial.
Sobre la descentralización política, entre 2010 y 2011, el Ejecutivo ingresó al Congreso dos proyectos de ley que buscan mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones. El primero de ellos es la iniciativa que pretende modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y el segundo, propone la elección de los Consejeros Regionales (Cores) mediante sufragio universal y elección directa.
Proyectos en camino
En el marco de esta búsqueda por descentralizar a nuestro país, desde la Segpres comentan dos proyectos de ley que están en su fase final. El primero apunta a “mejorar la democracia regional y aumentar la participación ciudadana”. Para ello se envió al Congreso un proyecto de ley que permite mejorar la representación de los Gores en términos de participación ciudadana.
El segundo apunta a “avanzar en el proceso de transferencia de competencias y fortalecer la institucionalidad regional”. Para ello el Ejecutivo elaboró en 2011, una iniciativa de ley que consiste en establecer un procedimiento efectivo que permita delegar nuevas funciones y atribuciones en los Gores con el fin de que éstos vayan asumiendo nuevos roles en la gestión regional, “aumentando gradualmente sus niveles de autonomía”.
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