A medida que un controvertido impuesto sobre las ganancias extraordinarias del cobre se somete al Senado en Chile, el debate se complica por las enormes diferencias en las estimaciones sobre el impacto que tendría en los productores.
Los asesores de los promotores del proyecto -de izquierda-, dicen que aumentará la carga fiscal total para empresas como BHP Group a 56% a precios actuales. Pero el gobierno de centroderecha estima que aumentará a 82%, lo que convertiría a Chile en la jurisdicción más onerosa para la industria del cobre y pondría en peligro miles de millones de dólares en inversiones.
La brecha en los cálculos se reduce a si el impuesto progresivo propuesto sobre las ventas se aplicaría o no a los gravámenes actuales sobre las ganancias operativas. El proyecto de ley no establece explícitamente que el anterior royalty se eliminará.
Los proponentes reconocen que debe incluirse en el texto una derogación del sistema actual. Pero para que eso suceda, el gobierno debe participar, dijo el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez. La coalición gobernante ha amenazado con buscar una prohibición judicial, argumentando que se debería permitir que el actual royalty se aplique en un momento de aumento de precios.
"Proponer una derogación sin el respaldo del gobierno daría más argumentos para que la coalición gobernante acuda al Tribunal Constitucional", dijo Núñez, uno de los mayores defensores de la iniciativa.
La inclusión de ambos sistemas en los cálculos de la recaudación de impuestos permite al gobierno del presidente Sebastián Piñera presentar un caso más sólido contra el proyecto. Del mismo modo, si se aprueba en el Senado bajo su forma actual, no hay garantía de que las empresas no se verán afectadas por ambos tributos. Eso sería similar a una expropiación, dijo un grupo de la industria.
La confrontación se produce en momentos en que la política en la principal nación productora de cobre da un giro hacia la izquierda, y luego de que la coalición gobernante no lograra asegurar un tercio de los escaños necesarios en la asamblea para bloquear las medidas más extremas en la redacción de una nueva constitución. Lo que está en juego es la capacidad de Chile para abordar las persistentes desigualdades económicas que han avivado el malestar social y, por otro lado, la capacidad de la industria de cobre para satisfacer la creciente demanda del metal.
Suponiendo que el sistema de regalías propuesto reemplace al existente, las empresas continuarían operando de manera rentable en Chile, dijo Gonzalo Martner, uno de los economistas detrás de la redacción del proyecto de ley, en una entrevista.
“Estamos diciendo que las ganancias adicionales cuando el cobre tiene un valor alto son para Chile, el dueño de los recursos, y no para la empresa que los opera”, dijo.
Suponiendo que se mantengan otros impuestos, el proyecto de ley reduciría los márgenes y podría obstaculizar las inversiones.
"En el caso las actuales operaciones, no es probable que cierren o se vayan del país", dijo Juan Esteban Fuentes, jefe de América del Sur de CRU Group. "Las consecuencias serán para los próximos proyectos".
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