Por estos días el gobierno estudia la posibilidad de eliminar las inhabilidades que impiden a autoridades políticas, incluidos ministros y subsecretarios, para facilitar que puedan postular al Congreso sin tener que renunciar con tanta anterioridad a sus cargos, pero también se buscaría una fórmula para que los alcaldes aludan la ley que limita la reelección, lo que alerta a quienes por largo tiempo han abogado por la necesidad de avanzar hacia una mayor restricción en esa materia.
De avanzar en estas medidas constituiría un retroceso respecto de lo que se ha venido haciendo desde hace ya algunos años en el sentido de oxigenar la política, para facilitar el ingreso a cargos de elección popular a figuras nuevas y evitar la eventual corrupción que pudiera generar el que los mismos actores se intercambien en los diferentes cargos, las peyorativamente llamadas "sillas musicales".
Pero qué opinan los expertos acerca de las medidas de esta naturaleza, muchos de los cuales han advertido de los peligros que conlleva este tipo de prácticas.
El club de los políticos profesionales
Uno de los que preferiría que no se innovara en estas materias es el abogado y analista político Jorge Navarrete, ya que según comenta, ya hay una fuerte crítica ciudadana a la idea de "las sillas musicales", que consiste en el tránsito de las mismas personas por diferentes cargos, consolidando la idea de que los políticos profesionales conforman una suerte de club, y cuyas principales motivaciones son preservar y prolongar sus privilegios y prebendas.
Navarrete tiene la convicción de que con medidas como las que se analizan en el oficialismo van en sentido contrario especialmente en lo que atañe "al buen funcionamiento de las instituciones y a la necesaria renovación de sus autoridades; la que ojalá se diera en un marco de competencia que ponga el énfasis en las capacidades y no en las inercias que se derivan de cargos anteriores". Ello, porque estima que "ya hay una molestia importante por aquellos senadores y diputados que, abandonando su obligación con sus electores y mandantes, pasan a los ministerios del gobierno central", por lo que "facilitar que eso ocurra en otras instituciones no parece razonable", reflexiona.
Además, Navarrete cree que estas prácticas generan un mayor riesgo de corrupción, entendida como los conflictos de intereses no resueltos, el tráfico de influencias y la ausencia de transparencia sobre las motivaciones que pudieran subyacer a ciertas decisiones. En tal sentido, ejemplifica con la experiencia mejicana, que –a su juicio- evidencia los problemas de que las autoridades transiten de unos cargos a otros, inhibiendo la renovación pero, sobre todo, poniendo de manifiesto como los intereses personales y particulares se superponen a los de la mayoría.
El abogado, sin embargo, no parece extrañado de que estas ideas vayan en contra de lo que se buscó concebir tras los escándalos de financiamiento irregular de la política, que empujaron una serie de normas tendientes a terminar con la corrupción en este ámbito o, al menos, a generar barreras para contenerla. A su juicio, "el miedo es un movilizador político muy importante, pero no permanente ni menos estable".
Su impresión al respecto es que "después de los casos de corrupción que conocimos, la clase política se allanó a muchos cambios, menos por convicción y sí más por resignación, pero que ese impulso se ha ido agotando y florece ese instinto de sobrevivencia que lleva a preservar, a prolongar las actuales estructuras de poder. Ese control y regulación debe venir de estructuras de fiscalización externas, pues los incentivos no se generan desde los propios incumbentes", advierte una vez más.
No obstante, Navarrete es pesimista respecto de que soluciones como el límite a la reelección, de los alcaldes por ejemplo impida la corrupción en los municipios por ejemplo, ya que duda de que impedir la reelección contribuya a mejorar la calidad de los representantes. "Lo que sí parece ser un hecho, es que la obligatoria renovación baja las posibilidades de corrupción o, al menos, que éstas se prolonguen por mucho tiempo. La alternancia tiene una principal virtud y consiste en que unos y otros se vigilan mutuamente", reflexiona.
Mal uso de recursos
Para la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, derechamente "no es recomendable quitar las inhabilidades, dada la crisis de legitimidad que hoy tiene la actividad política", porque ello incluso aumentaría los niveles de desconfianza y tensionaría el ambiente, pues le resta transparencia a la discusión. Y, lo peor, "se podría prestar para el mal uso de recursos públicos en tiempos de campaña", advierte. Ello, significaría ir en sentido contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, plantea, ya que ha habido avances importantes en la transparencia de la actividad política y "terminar con las inhabilidades se podría prestar para mal uso de recursos públicos y zonas grises".
Sierra insiste en que medidas como las que se analizan constituirían un retroceso en el proceso de recuperación de la credibilidad y de la legitimidad de la política, aunque no desconoce que hay autoridades que serían un aporte en otros cargos públicos, pero para eso –recuerda- existe la ley actual de inhabilidades, si una autoridad quiere postular a otros cargos lo puede hacer, pero dejando su cargo con anticipación, para evitar el uso del cargo actual y recursos públicos, como campaña para el nuevo cargo.
Respecto a la posibilidad de buscar una fórmula que permita a los alcaldes sortear la ley que limita la reelección, la ingeniera experta en compliance, explica que "los municipios son los que están más expuestos a corrupción por sus numerosas atribuciones y la alta cantidad de transacciones que realizan", a ello se suma –explica a continuación- la ausencia de políticas, monitoreos y modelos preventivos. Por lo tanto, "el límite a la reelección es una medida que va en la línea correcta, pero no la única para erradicar la corrupción. Se necesitan nuevos órganos independientes que controlen su quehacer".
Sillas musicales
Estas reformas debieran analizarse con calma y ver el efecto completo como sistema e instituciones para que, efectivamente, no deshaga lo que se ha avanzado o vayan en sentido contrario, observa María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público.
Y coincide con Sierra en que "en municipios es donde es más urgente el límite a la reelección, porque son cargos ejecutivos con más poder de decisión y manejo de recursos, por lo que los riesgos de caudillismos y corrupción son más altos". Por eso la Comisión Engel propuso el límite respecto de alcaldes, recuerda.
Por su parte, uno de los que podría considerarse incumbente pero que fue un férreo impulsor del límite a la reelección, el senador Felipe Harboe (PPD), estima que "el gobierno está buscándole pega a muchas autoridades actuales que no podrán reelegirse por el límite a la reelección y así evitar conflictos internos".
El parlamentario opositor argumenta que el sentido del límite a la reelección es la oxigenación de la política y de las diferentes funciones. Y especifica que "en particular en temas municipales, ya que la potestad de manejar personal y recursos durante 16 o más años aumenta exponencialmente los riesgos de disminución de eficiencia, cooptación del estamento, en beneficio electoral de su autoridad y también se producen riesgos de faltas a la probidad o corrupción".
Pero con una mirada pesimista de lo que podría ocurrir, plantea que "es probable que se instale la lógica de las "sillas musicales" donde las autoridades pasan de un cargo a otro"; no obstante, es importante también –agrega- no desaprovechar la experiencia de personas que han tenido buen desempeño en otras funciones, "lo clave es evitar la eternización en la misma función", concluye.
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