En cadena nacional y en horario prime. La fórmula clásica de los presidentes para impactar a la mayor cantidad de público posible fue la que usó Sebastián Piñera esta semana para informar sobre la propuesta con la que pretende destrabar la reforma a las pensiones. Es un primer elemento que da luces sobre su apuesta: pese a no tener mayoría en el Congreso, ha apuntado a darle la mayor visibilidad posible a su arremetida política pese a sus probabilidades de fracaso, con lo que los pasos del Parlamento en esta materia quedarán en evidencia para la opinión pública en un 2021 electoral.
A un año de dejar La Moneda, el Presidente enfrenta un contexto con al menos dos elementos centrales. Por una parte, goza de una incipiente alza en las encuestas (24%, según la última Cadem, lo que significa que ha duplicado su aprobación desde diciembre pasado). Por otro lado, el país ha abierto un debate sobre la forma de gastar los ingresos extra que generará el alto precio del cobre.
A la minoría que tiene Piñera en el Congreso se le suma la compleja relación entre ambos poderes del Estado. Este Gobierno –nadie lo olvida– se ha desangrado gravemente, entre otras razones, por golpes asestados desde sus propias filas en proyectos emblemáticos. El mandatario, por lo tanto, con su iniciativa en pensiones se juega una carta que –al menos en el corto plazo–, se aprecia como un ejercicio testimonial.
Oposición al pizarrón
Resulta evidente que el Gobierno intenta presionar a la oposición. Lo indicó en la misma cadena nacional, cuando aseguró que las diferencias en este tema no pueden impedir “alcanzar un acuerdo que mejora, ahora y en forma significativa, las pensiones de 2,1 millones de personas”, de las cuales “la mayoría son mujeres” (a horas del 8 de marzo, que desde 2018 ha sido potente en Chile).
Anuncios como el aumento de la cobertura del Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población más vulnerable y el incremento de la Pensión Básica Solidaria asoman como argumentos potentes para que La Moneda saque al pizarrón a una oposición a la que –acusa– ha tenido congelada al menos por un año en el Senado la reforma de uno de los temas sensibles y urgentes de Chile, las bajas jubilaciones.
La fórmula para repartir los seis puntos extra de cotizaciones que defiende el Ejecutivo (tres puntos para cuentas individuales y tres para un fondo común, con el que se apela a la solidaridad) tiene, por otra parte, un sentido estratégico. De acuerdo a las encuestas, la mayoría de la gente (marginalmente sobre el 50%) defiende que los ahorros previsionales son propios y no deben ir a un fondo común.
La pregunta central, sin embargo, apunta a si la propuesta del Presidente tienen el peso suficiente ante la opinión pública como para convertirse en un caballo de batalla beneficioso para la recta final de esta administración y, sobre todo, si tiene la fuerza para mover la aguja en un año donde se rebajará el poder en el país.
Es cierto que el oficialismo se ordenó en torno al anuncio. Pero no deja de inquietar a La Moneda que un sector del conglomerado arisque la nariz por la división de la cotización extra en parte iguales entre las cuentas de los trabajadores y un fondo común. Para los ortodoxos de Chile Vamos, los descuentos extra con cargo al empleador debieran llegar en su totalidad a las cuentas individuales (en sintonía con el amplio porcentaje de encuestados que consideran que los ahorros previsionales les pertenecen). Será interesante observar, por lo tanto, la voluntad política que tendrá la coalición para plantarse como escuderos de la propuesta del Gobierno.
Compleja batalla
Las primeras reacciones de la oposición son desalentadoras para La Moneda. Como resultaba previsible, auguran una compleja batalla en el Congreso, sobre todo por los cambios en la industria y la cotización del 6%. El anuncio hecho en cadena este miércoles fue recibido por la oposición con conceptos como “retroceso”, “letra chica” y “maquillaje”. Pero la principal crítica apunta a un asunto que complica a Chile Vamos, como que la reforma del gobierno es una “defensa” de las AFP.
La oposición –que en paralelo impulsa un tercer retiro de los ahorros previsionales, pese al fallo del Tribunal Constitucional–, no se ha dejado amedrentar con el anuncio presidencial. A no ser que el Gobierno haya conseguido un voto secreto que le permita sacar adelante su reforma con un margen estrecho, no parece probable que la izquierda y centroizquierda vayan a tenderle la mano justamente en los minutos de descuento. Resulta evidente, por lo tanto, que lo que busca Piñera apunta a abrir un debate político testimonial para poner en evidencia la imposibilidad del Gobierno de sacar adelante los proyectos debido al Congreso, como se piensa en el Ejecutivo.
No ha sido la única vez en la historia reciente que los proyectos de ley se presentan para fines estratégicos. Antes de la primera vuelta Lagos-Lavín, en 1999, el gobierno de Eduardo Frei envió al Congreso su proyecto de reforma laboral que, según muchos en la derecha, liquidó a la candidatura de Joaquín Lavín. Luego, en 2005, la administración de Lagos envió un proyecto de subcontratación entre la primera y segunda vuelta, donde ganó por primera vez Michelle Bachelet. En el caso actual, no se trataría tanto de una operación política concreta para atrapar votos en las elecciones que vienen –falta bastante para la parlamentaria de diciembre–, como de un gesto simbólico para el legado y la historia.
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AFP
