Los efectos del caso Democracia Viva, lejos de apagarse siguen tomando vuelo en la Cámara Baja. Justo la semana que se reintegró a sus labores la diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez, se conoció la información que la fundación interpuso un recurso de reposición, cuestionando la información del Ministerio de Vivienda sobre los polémicos convenios. Lo que sumado al hecho de que se conociera un robo al Ministerio de Cultura y un intento en el de Bienes Nacional, terminó por sacar de sus casillas a los representantes de Renovación Nacional (RN).
El diputado José Miguel Castro, representante de la Región de Antofagasta, calificó de “sinvergüenzas” a los involucrados en el caso Democracia Viva. Y le exigió al Ministerio Público que incaute las cuentas de los directores de la Fundación Democracia Viva y de todas aquellas que están siendo investigadas y que se le levante el secreto bancario, tanto a la fundación como a sus directores, “porque ellos han presentado un recurso de reposición para no devolver el 92% de los fondos gastados; es decir, $ 391 millones”.
Mientras que la diputada del mismo partido, Marcia Raphael, especuló que si la fundación no tiene el dinero, porque lo gastó y no lo puede reponer, “seguramente fue gastado en temas políticos, que ellos necesitan para mantener la actividad política de su partido”, dijo en directa alusión a Democracia Viva, donde la mayoría de los involucrados milita en RD.
Para terminar con este tipo de situaciones, añadió la diputada, RN presentó un proyecto de resolución que exige a las fundaciones la devolución de los dineros que no gasten, en el menor tiempo posible.
En la misma línea, la senadora de RN Paulina Núñez, instó a RD a que como querellante en la causa pida la medida cautelar de congelamiento de las cuentas bancarias de la fundación y de los exmilitantes imputados.
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