En sendas declaraciones públicas, el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), rechazaron la decisión del gobierno de adherir al Escudo de las Américas y piden explicaciones. Aunque reconocen la necesidad de que Chile colabore con otras naciones para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico; sin embargo, ambas colectividades opositoras atribuyen la definición a una respuesta a políticas externas asumidas por Estados Unidos.
Así las cosas, el documento del PS advierte que la incorporación de Chile a este acuerdo constituye una “pésima señal para nuestra política exterior”, porque el Escudo de Las Américas “es una alianza de seguridad con una dimensión militar y operativa, integrada mayoritariamente por gobiernos ideológicamente afines y convocada por el presidente Donald Trump, en el marco de una política que reivindica abiertamente la primacía de Estados Unidos en el hemisferio”.
Por lo que el PS manifiesta su preocupación por los eventuales alcances de este acuerdo y la participación de Chile en él. Es por ello que exige al gobierno que transparenten “íntegramente las conversaciones, documentos y compromisos asumidos” y agrega que “por su naturaleza, alcances y eventuales obligaciones para el Estado de Chile cualquier acuerdo internacional que comprometa materias propias de un tratado debe ser sometido al conocimiento y aprobación del Congreso Nacional, conforme a la Constitución” y advierte que “la soberanía de Chile no se negocia”.
Requisitos exigibles a los países miembros
Mientras que el texto del PPD, que va en la misma línea, complementa que “militarizar el combate al crimen organizado es una mala idea que puede resultar contraproducente”, ya que “esa tarea exige inteligencia, labores policiales y de
investigación, no operaciones cinéticas al servicio de la política-espectáculo, como las que hemos visto en ecuador. Los chilenos no queremos ver bombardeos de la Marina de Estados Unidos contra barcos de pescadores frente a Coquimbo, Iquique o Arica”.
Además, el PPD recordó que el pasado 13 de agosto, en Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteó tres exigencias a los gobiernos presentes, incluido Chile, como aumentar el gasto en defensa por sobre el actual, retirarse de la Corte Penal Internacional de La Haya; y, “realizar ataques armados conjuntos, en mar y tierra, entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de países latinoamericanos, contra blancos asociados al "narcoterrorismo", sin exigir pruebas que lo acrediten”.
De ahí que también
exija al gobierno “informar con urgencia al país sobre los alcances de esta adhesión”, plantea demás que “no resultan convincentes las declaraciones del Presidente en cuanto a que no se trata de operaciones militares, sino de coordinación e información”; y, que,
“dada su trascendencia y los compromisos sensibles que implica, esta decisión debe someterse al debate del parlamentario”.