Por Rodolfo Carrasco
El Tribunal Constitucional (TC) resolverá este jueves si acoge a trámite la impugnación al proyecto de ley sobre procedimientos para otorgar concesiones eléctricas que ya fue aprobado por el Congreso, luego que un grupo de 10 senadores, encabezados por Antonio Horvath (RN), presentara un requerimiento en contra de la normativa.
La causa se encuentra en segundo lugar de la tabla de este jueves del TC que inicia su pleno a las 10:30 horas y que si se admite a trámite, luego viene un plazo de cinco días para decretar la admisibilidad del fondo del requerimiento instancia en la cual posteriormente se dará lugar a la fijación de fechas para la respectiva vista de la causa en la que los abogados de los requirientes, representados por Mauricio Daza y un profesional a nombre del gobierno presentaran sus posiciones para que se resuelva el asunto.
La impugnación liderada por Horvath, la firman también Carlos Bianchi (IND), Carlos Cantero (IND), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Juan Pablo Letelier (PS), Pedro Muñoz ( PS), Jaime Quintana (PPD), Fulvio Rossi (PS) y Eugenio Tuma (PPD).
Se cuestiona en el requerimiento la constitucionalidad de 19 preceptos normativos todos contenidos en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, a fin que se declaren inconstitucionales “por vulnerar los derechos y garantías asegurados en el artículo 19 de la Constitución relativos a “tutela judicial efectiva, debido proceso y garantías de un procedimiento justo y racional; derecho a la propiedad, derecho a no ser discriminado arbitrariamente por el Estado en materia económica; y afectación de derechos y garantías constitucionales”.
La discusión del proyecto de concesiones eléctricas registró una intensa discusión en el Parlamento donde el ministro de Energía, Jorge Bunster, debió concretar diversos acuerdos políticos, tanto con la oposaición como con legisladores del oficialismo para viabilizar la normativa que ya había logrado el control de constitucionalidad del TC y se aprestaba para ser promulgada, hasta que fue presentado el requerimiento. Cabe recordar que luego de la conformación de una comisión mixta, el gobierno debió mandar un veto supresivo para eliminar las referencias a la consulta indígena que obliga el Convenio 169 de la OIT.
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