Por Gonzalo Cerda Milla
Finalmente el Tribunal Constitucional (TC), decidió no acoger a tramitación el recurso presentado por empresas privadas que buscan impedir la divulgación de la ubicación de los cultivos transgénicos en el país.
Las empresas Hytech Production Chile S.A.; Saprosem S.A.; Mansur Agricultural Service Limitada y Erick Von Baer Lochow, iniciaron esta solicitud con el fin de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no divulgara la ubicación, ni la información de los cultivos ya que, a su juicio, la información es de carácter privado y no se encontraría sujeta a la Ley de Transparencia dado que afectaría los derechos comerciales y económicos de las entidades, junto con perjudicar la propiedad industrial y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
Mediante un comunicado, el TC explica que la negativa se sustenta en que las entidades privadas “no acompañaron dentro del plazo el certificado que deben contener todas las menciones del artículo 79 de la Ley Orgánica del TC, lo que se había ordenado con fecha 21 de septiembre pasado”. Según fuentes ligadas al proceso, la demora en la presentación de este certificado se debió al extravío de uno de los tomos de la causa, motivo por el que la Secretaría de la Corte de Apelaciones, no pudo emitir el documento correspondiente. A pesar de la decisión del TC, agrega, esto no excluye la posibilidad de que las entidades privadas vuelvan a presentar un requerimiento similar.
En el comunicado, el TC sostiene que la presentación de los privados, a juicio de los integrantes, podría incidir en la resolución que actualmente está en tramitación en la Corte de Apelaciones de Santiago.
No obstante, tras la solicitud que realizaran personas naturales respecto de la ubicación y con el fallo del Consejo para la Transparencia, que mandató al SAG a divulgar la información, el TC consideró esta última decisión para rechazar la solicitud de las empresas que mantienen plantaciones transgénicas.
A la espera del fallo
Actualmente, en la Corte de Apelaciones existen tres requerimientos que se encuentran en proceso de análisis por la entidad. De hecho, la semana pasada se realizaron alegatos ante la Corte y ya hay agendados descargos para esta semana y una tercera tanda que debiese estar definida hacia fines de mes para concluir los alegatos y dar paso a la resolución del tribunal.
Según explican las mismas fuentes, dependiendo de como falle la Corte se podrían presentar algún otro tipo de recurso, tanto de parte del Consejo para la Transparencia, las empresas involucradas o los terceros solicitantes de la información.
Respecto de la decisión final, afirman, en diciembre se deberían tener resultados de algunas de las tres causas ya que la resolución “no debiese tardar más que un par de semanas”.
Las tres solicitudes presentadas de acceso a la información: una corresponde a la planteada por María Elena Rozas, que representa a la organización de mujeres campesinas; la otra solicitud la realizó una abogada de la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales; y el otro requerimiento lo realizó el abogado Miguel Fredes, el que fue acogido al amparo de la ley anterior, hace un par de años atrás, y que actualmente lo tiene sin avances en la Corte Interamericana, tras el rechazo de su requerimiento por los tribunales chilenos.
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