Cuando el 22 de octubre de 2025, la justicia absolvió a Pablo Longueira y a Patricio Contesse en el caso por financiamiento ilegal de la política de SQM, se pensó que quedaban atrás las 560 jornadas de audiencias, los más de 200 testigos y 14.000 documentos -muchos de ellos repetidos o contenidos en otros- que revisaron, todo lo cual tuvo un costo estimado en $ 5.000 millones. Pero no fue así.
El 1° de septiembre, Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en un escrito de 116 páginas- interpuso "un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, notificada el 5 de agosto de 2026, en la que se decidió absolver, por mayoría, a los acusados Juan Pablo Longueira Montes y Patricio Contesse González, de ser autores, conforme a la acusación presentada en su contra por este querellante, de delitos de cohecho y soborno".
La acción busca que "se anule parcialmente el juicio oral y la sentencia, respecto de los referidos imputados y delitos". Con ello, pide realizar un nuevo juicio oral en un tribunal no habilitado. El recurso fue declarado admisible por el tribunal este 2 de septiembre pasado.
Sobre la acción judicial, Samuel Donoso -abogado del exgerente general de SQM, Patricio Contesse- afirmó que "nos parece un contrasentido que, después de 11 años persiguiendo hechos que no son delito, después de casi 3 años de juicio, el CDE quiera seguir gastando el dinero de los contribuyentes en un nuevo juicio oral. Ello tiene un sesgo de persecución política claro".
A su turno, el abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, expresó que "sin perjuicio que no existen vicios de nulidad en la sentencia, este recurso es absolutamente improcedente pues de prosperar sería pulverizar la garantía básica de ser juzgado en un plazo razonable". Y agregó que "a Pablo Longueira se le excluyo de la vida política por más de una década producto de esta persecución penal que resulto completamente injustificada , generando un daño irreparable. Hoy se pretende seguir extendiendo este proceso utilizando abusivamente este recurso procesal".
Las razones del CDE
En el escrito de 116 páginas, el CDE identifica al menos cuatro causales para pedir la anulación del juicio y la realización de un nuevo proceso.
Una de ellas es que asegura que el “motivo principal de absolución” fue que se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable, un argumento que el brazo legal del Fisco rechaza. La CDE cita que la misma sentencia, que se dio a conocer a inicios de agosto de este año, en la página 2.340 dice que “teniendo presente el motivo principal de absolución, esto es, la vulneración al derecho a ser juzgado en plazo razonable, el análisis de los medios de prueba se realizará de manera global”.
El CDE afirma que el tribunal se centró exclusivamente en la agrupación de investigaciones decidida por el Ministerio Público y omitió la complejidad del caso. En ese sentido, hace ver que el caso SQM el proceso involucró más de 1.000 boletas de honorarios y unas 260 facturas, mientras que en el caso Corpesca los hechos comprendían alrededor de 80 boletas y la sentencia quedó firme 12 años después del inicio de la investigación. También señala como un hecho relevante que entre el veredicto (22 de octubre de 2025) y la lectura de sentencia pasaron casi 10 meses.
Además, el CDE acusa "infracción al principio de congruencia"; cuestiona la valoración de ciertas pruebas en el proceso y denuncia que hay "vicios y defectos en la motivación de la que descarta la acreditación de todos los elementos del delito de cohecho y soborno".
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Valeria Ibarra
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